ILIER NAVARRO. - Las asesorías jurídicas de las empresas minoristas, que venden sus productos directamente a los consumidores, sienten a diario la presión de la carga regulatoria que viene de la Unión Europea. Pero, sobre todo, ponen la voz de alarma en las pymes que les proveen de servicios, ya que tienen que asegurarse que sus proveedores cumplan la normativa que se les impone, por ejemplo, en el área de sostenibilidad, en protección de datos o con la regulación propia de su sector, cuando se trata de alimentación. Esta situación también se traduce en una merma de competitividad si quieren internacionalizarse. Estas problemáticas que tienen que afrontar los abogados de empresa del también conocido como sector retail protagonizaron un de las breakout sessions de la segunda jornada del II Congreso Aranzadi La Ley de Abogacía In House y Derecho de Negocios.
La mesa contó con la participación de Idoia Baranguan Juan, directora del departamento jurídico del Grupo Eroski; María Beatriz Martínez-Falero García, directora de la asesoría jurídica de Mahou San Miguel; Paula Ordóñez Espinosa, responsable jurídico de Leroy Merlin; Manuel Morales Zapata, director de la asesoría jurídica y auditoría interna de la Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA Food); y Carlos Gutiérrez, manager jurídico de Afflelou. Todos ellos compartieron sus opiniones bajo la moderación de Rodrigo Gómez Sánchez, socio de Auren Abogados.
Cuando afrontan un nuevo reto legal, en CAPSA Food (dueña de la marca central Lechera Asturiana) intentan adelantarse para ofrecer sus aportaciones, aunque no siempre tienen efectos. “Nosotros intentamos iniciar el análisis cuando está en embrión la norma”, señaló Manuel Morales.
La nueva normativa se comparte con CEO en un breve resumen, pero el objetivo es “que vaya permeando hacia abajo en la organización, no solo en el comité ejecutivo o al consejo de administración, para poder mejorar los niveles de cumplimiento. Y a veces encontramos resistencia al cambio”. Sobre los costes que tienen la nueva regulación sobre sostenibilidad, comentó que “todos sabemos que esto es bueno, pero ¿cuánto me va a costar esto? ¿puedo repercutirlo al consumidor final? Esas son las dudas” recalcó.
En cuanto a los proveedores, insistió en que están todos homologados, pero “la normativa es tan cambiante que puede darse el caso de que un proveedor, de repente, deje de estarlo”. Muchos de ellos, además, son socios cooperativistas por lo que “nuestros propios dueños son nuestros abastecedores” y esto genera un plus de tensión a la hora de exigir el cumplimiento normativo.
Por su parte, Paula Ordóñez explicó que la regulación ESG es el mayor reto actual para Leroy Merlin, pero intentan enfocarlo como una oportunidad para mejorar la reputación de marca, el acceso a financiación sostenible, reducir de costes operativos a largo plazo porque te obliga a innovar de manera constante. También incide en la reducción de riesgos.
Las políticas de sostenibilidad o “impacto positivo” se centran en la cadena de valor; en los clientes, para ofrecerles soluciones eficientes; y en la propia actividad de la compañía, que debe apostar por el diseño ecosostenible, el I+D+i, la vigilancia de los proveedores y la economía circular. También han invertido en placas de energía solar en los tejados y en optimizar la logísitca. “Son medidas impuestas en gran parte por la normativa, pero estamos convencidos que no hay otra”, explicó. Y puso el foco en las sanciones de hasta un 5% de los ingresos de la empresa, lo cual “es una barbaridad”. En este sentido, destacó que les aplica el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y también la Directiva NIS2, para mejorar la ciberseguridad.
Códigos de conducta
Un requisito fundamental es que los proveedores firmen su código de conducta. “Planteamos una relación contractual disuasoria de la inobservancia de ese código, hay que ser absolutamente claros y muy formativos con los proveedores para que entiendan de dónde vienen esas exigencias” y recordó que, al final, “la responsabilidad recae en nosotros”. El reto, para Ordóñez, está en revisar la relación contractual de cierta antigüedad.
Los proveedores también se ven afectados por este régimen regulatorio de alta exigencia. Así lo destacó Idoia Baranguan, que aseguró que el Grupo Eroski los considera muy relevantes y persigue relaciones estables. “No os podéis imaginar la presión que tenemos cuando queremos poner un nuevo producto en la tienda”. Esto ha hecho que pongan el foco en los contratos, que deben ser certeros e incorporar nuevas cláusulas sin ambigüedades.
“Antes decíamos que el mejor contrato era el que se metía en el cajón y no se sacaba. Eso ahora puede no pasar, porque hay que poner el matiz de las sanciones y repercutir para que los proveedores también cumplan los requisitos en ciertas normas”, subrayó. Las cláusulas hay que aplicarlas y vigilar el cumplimiento, con líneas rojas en las que deben ser “firmes y contundentes” para que los contratos sean válidos y creíbles.
En el caso de Afflelou, Carlos Gutiérrez recordó que tienen el reto de los franquiciados debido a que los contratos de franquicia son muy detalladas y extensos. “¿Cómo se lo explicas? Son expertos en salud visual y debemos explicarles con todo lujo de detalles el contenido del mismo. El contrato tiene que verlo como una especie de manual en la que se regulariza la relación mercantil entre franquiciado y franquiciador. El mismo se ha ido adaptando a lo largo de los años para incluir la nueva casuística que se han ido registrando. En cuanto a los proveedores, asegura que los más pequeños son los que requieren más atención y dedicación debido a que normalmente carecen de estructura jurídica. Con herramientas tecnológicas, hacen auditorías a proveedores antiguos, pero en ocasiones no es el abogado quien responde el cuestionario sino el comercial.
Otra cosa distinta ocurre cuando los proveedores son de mayor envergadura. “Un porcentaje muy alto de nuestros proveedores son muy grandes y tenemos la relación muy estandarizada, con un portal del proveedor, con información para ellos, se auditan sus procesos productivos, etc.”, señala Beatriz Martínez-Falero, de Mahou San Miguel. En temas de innovación y de sostenibilidad, admite que lo que mejor resultado da es trabajar directamente con ellos. “Esto nos lleva a establecer con ellos a largo plazo porque cambiar de proveedor puede ser traumático”, sostuvo y adelantó que tendencia es ir más al proveedor de cercanía por el impacto en emisiones.
Directiva CSDDD
Sobre la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD o CS3D), Baranguan señaló que más que liderar la adaptación por parte de la asesoría jurídica, hay una corresponsabilidad de toda la organización. La gobernanza, el cumplimiento y los riesgos son las tres líneas de defensa de la casa y han tenido que cambiar tanto la manera de trabajar, con equipos de coordinación semanales, y aparcar o ralentizar algunos proyectos. “La sensibilización en transversal, hacia abajo, con los técnicos. Es cierto que debemos ser influencers internos”.
Por su parte, Carlos Gutiérrez opinó que sus efectos son transversales y que “el departamento jurídico no tiene que liderar, sino co-liderar, incluso medio peldaño por debajo. Además, estamos muy acostumbrados a esos tsunamis que nos vienen de un día para otro y por eso siempre miran al departamento jurídico, que tenemos que estar de los primeros”. Destacó que los abogados de empresa son grandes conocedores del negocio y generan confianza.
Otros, como CAPSA Food, han dado categoría de dirección al área de sostenibilidad, que es la que lidera la adaptación a esta directiva. “Nosotros vamos de la mano: normalmente no hacen nada sin consultarlo o estructurarlo antes con nosotros”. Pero insistió en que no es posible que los productos alimenticios sigan costando lo mismo con esta normativa porque el coste que se imputa a la empresa “es brutal”.
La asesoría jurídica debe estar presente en todo el negocio, pero medio escalón por debajo, señaló Paula Ordóñez, que destacó que la directora del área de “Impacto positivo” o sostenibilidad forma parte del comité ejecutivo por su transversalidad. En su equipo han incorporado a un técnico que acompaña todo lo que tiene que ver con sostenibilidad.
El enfoque transversal también fue destacado por Beatriz Martínez-Falero, que señaló que desde la asesoría jurídica “aportaremos una parte importante del control por el tema de cumplimiento”. Al finalizar, planteó una duda: “No sé si en algún momento el regulador europeo ha pensado cómo las empresas europeas vamos a salir a competir con empresas situadas en China, India, Suramérica. Europa. Se está posicionando en una situación de falta de rentabilidad y de competitividad que en algún momento podemos llegar a pagarlo caro. Mi opinión es que el consumidor no está dispuesto a pagar nada de todo esto”. Y se preguntó cómo va a sobrevivir un pequeño proveedor que en un momento dado no sea capaz de acreditar todas las auditorías y, a pesar de ser un buen proveedor, se va a quedar fuera.
Esta regulación ha hecho que la abogacía in house haya crecido en los últimos añosen las empresas. La necesidad de estar al día con la normativa ha impulsado esta evolución en la que el apoyo de bufetes y asesores externos es fundamental, según los ponentes.
