La Abogacía del Estado ha expresado su desacuerdo con que el Tribunal Supremo investigue la gestión del Gobierno central en relación con la DANA, argumentando que "es notorio que no concurre la inactividad denunciada" por la asociación Liberum.
Defienden las ayudas económicas que se han aprobado hasta la fecha y el despliegue de personal, que incluye hasta el 19 de noviembre.
Los servicios jurídicos de la Administración también se oponen a la solicitud de medidas cautelares que Liberum ha presentado en un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que ha sido asumido por el Supremo.
Liberum denuncia una supuesta "inacción" del Gobierno de Pedro Sánchez frente a las inundaciones derivadas de la DANA.
En un documento al que ha tenido acceso Europa Press, la Abogacía sostiene que la asociación "se limita a razonar la existencia de una situación de extrema gravedad, lo que es cierto, y la urgencia de una intervención, pero olvida las actuaciones que se están realizando en la zona".
Liberum solicitó como medida cautelar la "implementación inmediata de medidas de emergencia para asegurar el acceso a servicios básicos", así como la eliminación de agua estancada, distribución de agua potable y desinfección de las áreas afectadas.
Sin embargo, los servicios jurídicos se oponen a esta solicitud, argumentando que "estas medidas ya han sido adoptadas en atención a las necesidades existentes en las zonas siniestradas".
Sostienen que el Supremo debería incluso desestimar el recurso por "evidentes causas de inadmisibilidad": "la falta de legitimación activa para recurrir en la demandante y la inexistencia de inactividad".
"Con todos los respetos, las pretensiones contenidas en la demanda de la recurrente no constituyen un derecho o provocan un beneficio directo a la asociación, domiciliada en el Principado de Asturias", señalan.
Despliegue de fuerzas del estado
Adicionalmente, la Abogacía del Estado reafirma que "es notorio que no concurre la inactividad denunciada" y destaca que la "no ha acreditado o aportado indicios" de que la medida cautelar solicitada sea "procedente". "Por el contrario, las actuaciones que se han desarrollado y se continúan desarrollado en la zona en que se ha producido la catástrofe, hacen innecesaria la adopción de tales medidas", añaden.
En el contexto de su escrito, los servicios jurídicos indican que, al 19 de noviembre, se había desplegado "8.079 efectivos de las fuerzas armadas junto con 2.056 medios (drones, helicópteros, maquinaria pesada, perros, embarcaciones)", además de "1.965 efectivos y 994 medios de la Guardia Civil, más de 4000 efectivos de la Policía Nacional y tres brigadas de prevención del Ministerio de Transición Ecológica".
"Consta también el despliegue de, al menos 533 efectivos de policías locales de distintas comunidades autónomas que prestan servicio de manera coordinada con las policías locales de los municipios afectados", añaden señalando que se ha recibido asistencia de otros Estados miembros de la Unión Europea y de Marruecos.
Paquete de ayudas y medidas urgentes
En relación con este asunto, la Abogacía también menciona el acuerdo del Consejo de Ministros del 5 de noviembre, que declaró el territorio afectado "zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil", junto con un paquete de medidas económicas.
"Tales ayudas alcanzan a la cantidad de 18.000 euros en caso de fallecimiento o incapacidad absoluta, de 15.120 euros por destrucción total de la vivienda habitual, de 10.320 euros por daños que afecten a la estructura de la vivienda habitual, de 5.160 euros por daños que no afecten a la estructura y de 2.580 euros por destrucción o daños en los enseres domésticos de primera necesidad", explican.
Además, los servicios jurídicos destacan dos reales decretos leyes que establecieron medidas paliativas urgentes para impulsar el plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la DANA.
"Estos reales decretos leyes han cuadruplicado el importe máximo de las ayudas mencionadas, simplificando los requisitos que deben acreditar los beneficiarios para percibirlas y estableciendo la posibilidad de obtener un anticipo del 100%", agregan.
Con todo esto, la Abogacía concluye que "es evidente que se está procediendo a intentar que toda la zona afectada tenga acceso a los servicios básicos, se está procediendo a la eliminación del agua estancada, al suministro de agua potable en los lugares en los que no hay, así como facilitar el suministro de alimentos y medicamentos. También a la desinfección de zonas".
Por lo tanto, advierten que "acordar una medida cautelar ordenando tales medidas no produciría efecto alguno, en la medida que se está ya ejecutando".
En otro documento al que esta agencia también ha tenido acceso, la Fiscalía ha manifestado su oposición a las peticiones de Liberum "por haber desaparecido las razones que las hubieran justificado".
