El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha asegurado que la libertad de empresa y los derechos de la protección de datos de carácter personal pueden convivir gracias a la colaboración entre las autoridades españolas y las comunitarias por la que se ha eliminado la "disparidad legislativa existente".

Durante su intervención en el Senado, Caamaño ha señalado que en diversas reuniones las autoridades españolas trasladaron la necesidad de que el régimen de legitimación para el tratamiento de datos fuesen objeto de un adecuado desarrollo normativo clarificándose los supuestos en los que el interés legítimo el responsable del fichero puede considerarse prevalente.

En concreto, la legislación española permite tres supuestos. El primero determina que cuando el cesionario se encuentre amparado en una norma con rango de ley o en una de derecho de la UE, en estos casos se admite el interés legitimo fundado y por tanto se permite siempre el cumplimiento de una obligación legal o el cumplimiento de expectativas cuando las mismas aparecen recogidas en una norma con valor de Ley.

El segundo permite el tratamiento y cesión de datos sin contar con el consentimiento del afectado cuando los mismo figuren en fuentes accesibles al público; mientras que el último punto hace lo propio cuando existe un contrato, un precontrato o una relación negociable

Según ha explicado Caamaño, el reglamento es "fruto de un proceso de negociación", tiene 158 artículos y 10 disposiciones, que, a su juicio, "aportan mayor seguridad a las empresas" y "facilita la actividad empresarial". Aún así, ha reconocido que 13 de los artículos han suscitado ciertas dudas.

Finalmente, Caamaño ha señalado que "conjugar ambas libertades es una tarea en permanente situación de cambio como consecuencia del mercado global y del uso de las nuevas tecnologías", algo de lo que "el Gobierno es consciente y por ello trabaja", ha concluido.