Según el Informe Anual 2010, la oficina del Defensor del Pueblo, que dirige María Luisa Cava de Llano, atendió el año pasado 34.674 expedientes, frente a los 22.287 gestionados en 2009. Esto supone un incremento del 55,58%, que responde principalmente al crecimiento registrado por las quejas colectivas, que pasaron de 3.626 en 2009, a 17.449 en 2010. Las quejas individuales, por su parte, se elevaron a 16.759.

También experimentaron una fuerte subida las investigaciones de oficio, que alcanzaron los 466 expedientes, frente a los 269 del ejercicio precedente. Ello se debe a la puesta en marcha del Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), cuya principal función es realizar visitas de supervisión preventiva a centros de detención y de privación de libertad en todo el territorio nacional y que precisamente por su carácter preventivo y no reactivo sólo pueden tener el carácter de investigaciones de oficio. De esta forma, el MNP inició 211 de estos expedientes, que se suman a las 255 investigaciones de oficio iniciadas ante las diferentes administraciones públicas.

Por distribución geográfica, el mayor número de quejas provino de la Comunidad de Madrid (21,85%), seguida de Andalucía (18,32%), Comunidad Valenciana (14,15%) y Cataluña (10,29%) 448 resoluciones formuladas a la Administración.

En 2010, la Defensoría formuló un total de 448 resoluciones a las distintas administraciones públicas. De ellas, 106 fueron recomendaciones, 197 sugerencias, 140 recordatorios de deberes legales y 5 advertencias.

De estas cuatro clases de resoluciones, las más indicativas de la actitud receptiva mostrada por los responsables administrativos son las recomendaciones y sugerencias, la mayoría de las cuales han sido atendidas en el mismo año 2010, y además de forma positiva, lo que indica que se siguen manteniendo unos niveles altos de entendimiento con las administraciones, que mayoritariamente suelen asumir el parecer mostrado por el Defensor del Pueblo en defensa de los intereses ciudadanos. Así, de las 106 recomendaciones formuladas al Estado (51), las comunidades autónomas (22) y los ayuntamientos (33), las administraciones públicas sólo rechazaron 16. En el caso de las sugerencias, que promueven algún tipo de rectificación por parte de la Administración con respecto a la situación más particular de uno o varios ciudadanos, 143 de las 197 formuladas en el año habían recibido respuesta de la Administración al finalizar el mismo.

Estos datos arrojan unos porcentajes de aceptación, a 31 de diciembre de 2010, del 77,14% en el caso de las recomendaciones y del 62,24% en el de las sugerencias, sin tener en cuenta las todavía pendientes de contestación.

Por lo que respecta a las recomendaciones pendientes de contestación formuladas en los años 2008 y 2009, a finales del 2010 ya habían sido aceptadas en un 77,78% y un 70,52%, respectivamente.