Cuando se apruebe la Ley, estas casa de apuestas tendrán que tener una licencia para operar en España, como la de los casinos y bingos, y comenzarán a pagar impuestos, que irán a parar en su mayor parte a las comunidades autónomas, que tienen atribuidas las competencias.

En concreto, cada comunidad autónoma recaudará los impuestos generados por los usuarios que apuesten desde su territorio, cualesquiera que sea la página web en que se metan, siempre que tenga licencia para operar en España. Mientras, el Estado recaudará lo generado por los usuarios que jueguen en páginas web de operadores con licencia en España desde fuera del territorio español.

Para evitar que las páginas de apuestas traten de burlar el pago de estos nuevos impuestos operando desde servidores instalados en otros países, el proyecto de Ley del Gobierno contempla actuaciones para cortarles los ingresos a través de los intermediarios, como los medios en que se anuncian, las entidades financieras a través de las que los jugadores pagan sus apuestas o incluso tratando con los propios operadores de telecounicaciones.

Los beneficios generados por las apuestas online ascendieron a 315 millones de euros en 2010, un 19% más si se compara con los resultados del año anterior, según datos distribuidos por Asociación Española de Apostadores por Internet (Aedapi). Sin embargo, pese a este incremento acelerado, la legislación española se encuentra un par de pasos por detrás. Un dato que evidencia este retraso es el hecho de que la Aedapi viene reclamando desde 2006 una legislación que acabe con la situación de alegalidad en la que se encontraban muchas casas de apuesta.