La aprobación por el Consejo de Ministros del baremo que define quién es dependiente en España y en qué grado, permite comenzar a aplicar en Asturias la Ley de Dependencia, pese a estar pendientes de debate los decretos de ayudas y prestaciones de los servicios, y copago.

Asturias se convierte así en la única comunidad que ha decidido iniciar la recogida de solicitudes, puesto que las demás han tomado la decisión de esperar a que todos los decretos se aprueben definitivamente.

Según Laura González, consejera de Bienestar Social, la puesta en marcha de la ley "es muy importante porque hemos creado demasiadas expectativas en la gente como para defraudarla. La baremación nos permitirá hacer las valoraciones y espero que cuando concluyan estén aprobados los otros decretos".

Las personas con dependencia o sus familiares podrán presentar en sus respectivos centros sociales, la documentación exigida para el trámite: solicitud del grado de dependencia (que estará a disposición de los solicitantes en el propio centro), informe de salud (tienen que pedirlo en el centro de salud correspondiente), certificado de empadronamiento y fotocopia del DNI.

La Ley de Dependencia sienta las bases para elaborar el futuro Sistema Nacional de Atención a la Dependencia y financiará los servicios que necesitan las personas dependientes, bien por accidente, enfermedad o edad y por el momento, durante el primer año, beneficiará a los grandes dependientes, aquellos quienes necesitan ayuda las 24 horas del día. La financiación de este sistema correrá a cargo del Estado y de las comunidades autónomas, a partes iguales.

La ley dará prioridad a la teleasistencia, la ayuda a domicilio y los centros de día. En casos excepcionales en los que el dependiente decidiera ser cuidado en su hogar por un familiar, el cuidador recibirá entre 464 y 561 euros mensuales, en función del grado de dependencia, y tendrá que darse de alta en la Seguridad Social.

En cuanto al copago del usuario, pendiente todavía de debate, la propuesta del Gobierno dejaría exentos a los que tengan ingresos inferiores a 500 euros al mes, mientras que quienes cuenten con ingresos o rentas superiores a los 59.900 euros anuales abonarían el 90 por ciento del coste.