Los Ministerios de Defensa de España y de Estados Unidos han suscrito un Acuerdo por el que se establecen las Normas Reguladoras sobre la actuación en España del Servicio de Investigación Criminal Naval de Estados Unidos (NCIS) y la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América (AFOSI).
El Acuerdo, que será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se ajusta estrictamente a la legalidad española, puesto que se trata de unas normas que emanan del Convenio de Cooperación para la Defensa entre ambos países, en el que se comparten los valores de respeto a la democracia, los derechos humanos, las libertades fundamentales y al Estado de Derecho. El Acuerdo ha sido impulsado por el Ministro de Defensa, José Antonio Alonso, quien al tomar posesión del cargo en abril de 2006 se impuso la obligación de fijar unas normas reguladoras que estaban pendientes desde 2002. Alonso entendió que se trataba de una cuestión que afectaba al núcleo esencial de la soberanía española.
Según estas normas, los agentes estadounidenses serán acreditados previamente por las autoridades españolas para sus actuaciones en nuestro país, y deberán identificarse siempre ante la autoridad española con la que actúen. Asimismo, se establece que el personal del NCIS y de la AFOSI actuará conjuntamente con sus homólogos españoles, según lo expresado en el propio convenio.
Igualmente, será imprescindible una notificación previa antes de llevar a cabo cualquier actividad, y las autoridades españolas podrán denegar su autorización en todo momento. En caso de que durante las actuaciones se constate cualquier indicio de comisión de delito, habrá que comunicarlo a la autoridad judicial española y esperar las pertinentes instrucciones judiciales para proseguir las investigaciones.
Estas normas para las actuaciones de los servicios de inteligencia militares estadounidenses estarán complementadas por el desarrollo de un nuevo Real Decreto que regulará los cometidos de la Sección Española del Comité Permanente Hispano Norteamericano (CPHN), que estará constante y plenamente informada de cada actividad que realicen los agentes norteamericanos.
GRUPO DE ASUNTOS DE SEGURIDAD
A este respecto, mediante el nuevo Real Decreto se creará un Grupo de Asuntos de Seguridad para el seguimiento de las actividades de estos agentes, del que formarán parte representantes de los Ministerios de Defensa, Asuntos Exteriores y Cooperación, Justicia e Interior, así como del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Hasta la aprobación de dicho Real Decreto, se ha acordado con los distintos departamentos implicados un mecanismo provisional de funcionamiento a fin de canalizar las solicitudes de actuación conjunta que se reciban.
Con la entrada en vigor de las Normas Reguladoras, se dispondrá por primera vez de un medio de control y coordinación de las actuaciones de los servicios de NCIS y AFOSI en España, lo que redundará en una mejor cooperación y colaboración entre los dos departamentos de Defensa.
Con la firma de hoy se da cumplimiento a lo estipulado en el artículo 17.6 del protocolo de enmienda de 10 de abril de 2002, que revisa el Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y Estados Unidos de 1 de diciembre de 1988, en el que se establece que los servicios de NCIS y AFOSI “podrán mantener personal en España para actuar en conjunción con sus homólogos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia españoles en asuntos de interés mutuo, y llevar a cabo investigaciones criminales que afecten a personal o bienes de los Estados Unidos de América”. Asimismo, señala que “las autoridades competentes de ambos países deberán establecer las normas reguladoras para dichas actuaciones”.
Este protocolo de 2002 reconoció por vez primera, de manera oficial, el derecho de los servicios de inteligencia militares estadounidenses a actuar en España, y desde su entrada en vigor estas operaciones se llevaban a cabo sobre la base de unas normas provisionales.
Los miembros de NCIS y AFOSI desarrollan dos cometidos principales: por una parte, la protección contra amenazas terroristas o criminales contra miembros y medios de la Marina, Infantería de Marina o la Fuerza Aérea estadounidenses; y por otra, la investigación criminal sobre sucesos que afecten a personal o bienes de Estados Unidos en España.
Dentro del marco del primer cometido, se adoptan medidas como la protección de los buques norteamericanos en las escalas que realizan en puertos españoles, y dentro del segundo grupo, se incluyen investigaciones para aclarar posibles actos delictivos que afecten de manera exclusiva a personal o bienes de Estados Unidos en nuestro país.
