Las normas comunitarias sobre contratación pública deben reformarse para facilitar el acceso de las pymes a las licitaciones, según un informe aprobado hoy por el pleno de la Eurocámara. Los diputados defienden que las autoridades puedan adjudicar contratos no sólo al mejor postor, sino a los más innovadores, o a aquellos que ofrezcan mayores beneficios sociales o medioambientales. La Comisión Europea presentará una propuesta de reforma de la normativa sobre contratación pública en diciembre.

La contratación pública representa aproximadamente el 17% del PIB comunitario. Destinar el dinero de los contribuyentes al mejor uso posible es vital para relanzar la economía y crear puestos de trabajo, especialmente en tiempos de crisis, sostiene la resolución no legislativa elaborada por la alemana Heide Rühle (Verdes/ALE). Esta resolución recoge la posición del Parlamento Europeo antes que la Comisión Europea presente en diciembre la propuesta legislativa sobre la revisión de las normas comunitarias de contratación pública.

"En esta profunda crisis necesitamos normas claras y sencillas. Sólo de esta manera las autoridades públicas podrán dar un impulso a la innovación y el crecimiento", declaró la ponente antes de la votación.

Pasaporte de contratación electrónico para simplificar la licitación

Las normas de contratación pública de hoy hacen que la licitación de contratos sea complicada y costosa. Para reducir la carga administrativa, los eurodiputados proponen la creación de un "pasaporte de contratación electrónico" aceptado por todos los Estados miembros y en el que se mencione que las empresas cumplen las condiciones que requiere la legislación de la UE sobre contratación pública.

Otras medidas para eliminar las barreras administrativas pueden incluir el uso de autodeclaraciones cuando sea factible, y solo solicitar documentos originales a los candidatos preseleccionados o al adjudicatario, evitando posibles retrasos o distorsiones del mercado causadas por declaraciones incorrectas.

Acceso más fácil para las pymes

Las pymes reciben la adjudicación del 31% al 38% del total de los contratos públicos, mucho menos de lo que deberían de acuerdo con la cuota global que representan en la economía (52% del volumen de negocios).

Los diputados sostienen que dividir los contratos públicos en lotes daría a las pymes más posibilidades de participar en adjudicaciones públicas. También solicitan a la Comisión que, teniendo presente la futura revisión de las directivas, "evalúe si son necesarias más normas sobre la adjudicación de subcontratos, por ejemplo sobre la determinación de la cadena de responsabilidades, en particular para evitar que los subcontratistas de las pymes sean sometidos a condiciones peores que las que se aplican al contratista principal al que se ha adjudicado el contrato público".

No la opción más barata, sino la más ventajosa

En la adjudicación el criterio del "precio más bajo" debe pasar a un segundo plano. Éste debería ser sustituido por la adjudicación a aquel que ofrezca "la oferta más ventajosa desde el punto de vista económico incluyendo el coste total del ciclo de vida, y teniendo en cuenta el coste de la contaminación del medio ambiente cuando ello sea posible", defiende la Eurocámara. Los eurodiputados subrayan que esta medida se dirige especialmente a los alimentos en hospitales, centros de cuidado de ancianos, escuelas y jardines de infancia donde los métodos de producción y calidad juegan un papel importante.

La ampliación de los criterios y la admisión de ofertas alternativas permitirían a las empresas proponer nuevas soluciones y convertir la contratación pública en un motor para la innovación, así como facilitar la obtención de los objetivos definidos en la estrategia UE 2020, añade el texto.