Los municipios de la provincia de Cádiz que comenzarán a utilizar este sistema desarrollado por la Secretaria de Estado de Seguridad son: Algeciras, Chiclana y Puerto Real. Los de la provincia de Córdoba son: Pedro Abad, Villafranca, Puente Genil, La Carlota, Lucena, Montoro, Espejo, Cabra y Palma del Río.

Por su parte, los ayuntamientos de la provincia de Huelva son Lepe, La Palma del Condado, Almonte e Hinojos y por parte de la de Sevilla, Lora del Río, Tomares, San Juan de Aznalfarache y La Rinconada. Estas incorporaciones adquieren un mayor significado ya que hasta ahora, sólo los ayuntamientos de Córdoba y Sevilla estaban integrados en el Sistema.

Se trata de una aplicación informática que integra la información y los recursos operativos para asistir a las víctimas. Desde que comenzó a funcionar en agosto de 2007, el sistema ha gestionado información sobre 229.454 mujeres, 50.436 en Andalucía y, de ellas, 8.042 en Cádiz, 3.352 en Córdoba, 3.240 en Huelva y 10.070 en Sevilla.

El secretario de Estado de Seguridad ha destacado que la firma de este convenio demuestra el empeño que tiene la sociedad, y los distintos partidos políticos, en combatir la violencia de género, una lacra que afecta año tras año a un número demasiado elevado de mujeres y sobre la que hay que aplicar "tolerancia cero".

El sistema cuenta actualmente con más de 33.000 usuarios; hasta ahora se habían firmado en toda España acuerdos con 72 ayuntamientos con un total de 1.161 policías locales habilitados para la utilización del Sistema. En total, la Secretaria de Estado de Seguridad ha formado a 283 agentes locales en Andalucía.

Según Justo Zambrana, "las policías locales disponen de un conocimiento de proximidad que puede ser de mucha utilidad". En este contexto, el secretario de Estado de Seguridad ha querido recordar también el esfuerzo realizado, en materia de formación, por las  FCSE, que han aumentado el número de especialistas en más de un 300%.

Una vez firmado el acuerdo de colaboración, el Ministerio del Interior y los ayuntamientos adecuarán sus sistemas informáticos para permitir las conexiones necesarias. La Secretaría de Estado de Seguridad ya ha formado a los nuevos usuarios del sistema para que conozcan su contenido y su funcionamiento. Asimismo, y con la finalidad de hacer el seguimiento de su desarrollo, se constituirá una Comisión Técnica de Seguimiento, integrada por tres representantes de cada una de las partes.

Esta aplicación sitúa a la víctima de violencia de género en el centro de un sistema que tiene por objetivos: aglutinar a las instituciones que intervienen en la protección y seguridad de las víctimas de violencia de género (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales, fiscales, jueces, Instituciones Penitenciarias, Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer y Servicios Sociales); integrar en una sola base de datos toda la información sobre las circunstancias que rodean a las víctimas de violencia de género; realizar "valoraciones del riesgo" de la víctima de sufrir una agresión y adoptar las medidas de protección necesarias; e implantar un sistema de avisos, alertas y alarmas que permita, según los protocolos establecidos, reaccionar de forma rápida y eficaz.

La valoración de riesgo

La valoración del riesgo de la víctima de violencia de género se realiza a través de una herramienta construida a partir de 40.000 casos reales y validada por un equipo de catedráticos universitarios y especialistas de la Policía Nacional, la Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias.

Con ella, los especialistas policiales determinan el riesgo de la víctima de sufrir una agresión, diferenciado en cuatro niveles: extremo, alto medio y bajo. Estos niveles se revisan de forma periódica, a las 72 horas (en el caso del extremo), 7 días (alto), 30 días (medio) y 60 días (bajo), y también cuando lo disponga la autoridad judicial o el fiscal, o existan nuevas circunstancias que afecten a la víctima o al agresor.

Con esta herramienta se han realizado 838.225 valoraciones de riesgo, (195.327 en Andalucía), incluida en esta cifras las revisiones que se efectúan de forma periódica. Estas valoraciones se incorporan al atestado policial y se comunican a la autoridad judicial y al fiscal, y generan una serie de avisos (sobre cualquier circunstancia relacionada con la tramitación de cada caso), alertas (sobre una nueva situación que pueda elevar el nivel de riesgo de la víctima), y alarmas (sobre la inminencia de una situación grave para la seguridad de la víctima).