El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Hacienda y Administraciones Publicas sobre la situación del sector publico empresarial en España.

La evolución de las cuentas públicas en España refleja el impacto de la crisis económica que afecta de forma generalizada a los países del entorno comunitario, pero que se muestra especialmente profunda en el caso de nuestro país. El estancamiento de la actividad económica, unido a la dificultad para la financiación de la actividad pública, pone de manifiesto la necesidad de racionalizar la dimensión y estructura del sector público empresarial con el fin de garantizar la eficiencia de la actividad pública.

En este informe se incluyen una serie de medidas tendentes a la reordenación del sector público desde una perspectiva amplia, puesto que no sólo se persigue reducir la dimensión del sector público empresarial, sino controlar su actividad y racionalizar su organización, todo ello en el marco de la necesaria disciplina en la que tiene que desarrollarse la actividad de las Administraciones públicas sin menoscabo de la calidad de los servicios que prestan.

Las medidas de racionalización, que afectarían al sector público dependiente de la Administración Central, Autonómica y Local se plantean en torno a tres ejes de actuación:

• Medidas de reducción del gasto público
• Medidas de control del gasto gestionado por el sector público empresarial
• Medidas de racionalización en la gestión de la actividad empresarial pública

El desarrollo y concreción de estas medidas en el ámbito autonómico y local se realizará en el marco de colaboración interadministrativa, instrumentada a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de la Administración Local, respectivamente.

Medidas de reducción del gasto público

En este grupo se incluyen medidas que pretenden la reducción del gasto público vinculado al funcionamiento del sector público, a través de la supresión de entidades y del control de los gastos de dirección.

Propuestas

• Reducción del sector público empresarial dependiente tanto de la Administración central como Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Por lo que se refiere a las Comunidades Autónomas, el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 22 de marzo de 2010 aprobó un Acuerdo Marco sobre sostenibilidad de las finanzas públicas 2010-2013 en el que las Comunidades se comprometieron a elaborar, en el plazo de tres meses, planes de racionalización y eficiencia del gasto público. En los Planes aprobados hasta el momento está prevista la eliminación, en términos netos, de 514 entidades, si bien, de acuerdo con los datos disponibles, sólo se han suprimido 69, lo que representa un grado de ejecución del 13,4 por 100 de las medidas contempladas en los Planes. En la próxima sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se planteará a las Comunidades Autónomas la necesidad de avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
• Reducción de los cuadros directivos de las sociedades públicas y limitación del número de miembros de los consejos de administración.
• Promover la elaboración de un marco común, en cada Administración, que unifique las condiciones de las distintas entidades estableciendo límites a las estructuras directivas, personal, indemnizaciones, gastos de representación, etc. con la finalidad de recortar el gasto público y otorgar la necesaria uniformidad al sector público empresarial.

Medidas de control del gasto gestionado por el sector público instrumental

En este grupo se incluyen medidas que pretenden frenar y reconducir la "huida del derecho administrativo" que se ha producido en la gestión de los servicios públicos, en los últimos años.

Propuestas

• Reorientar la organización del sector público hacia fórmulas jurídicas sometidas en su gestión al derecho administrativo y control presupuestario, en todas aquellas actividades en las que su naturaleza lo permita sin menoscabo de la necesaria agilidad y eficiencia. Este sometimiento al régimen jurídico-económico público abarcaría aspectos como la aplicación de los procedimientos propios del régimen de contratación de las administraciones públicas, la fiscalización de los actos de contenido económico, el carácter limitativo y vinculante de sus presupuestos y el registro de su actividad con arreglo a los principios y normas propios de la contabilidad pública.
• Establecimiento de un mecanismo de control/información previo de los gastos gestionados mediante encomiendas de gestión y fórmulas de asociación público-privadas.

Medidas de normalización de la actividad del sector público instrumental

En este grupo se incluyen medidas que pretenden organizar y ordenar la regulación y funcionamiento del sector público.

Propuesta

• Adopción de medidas para garantizar el suministro de información con periodicidad, mensual o trimestral en función del nivel de cada una de las Administraciones, y contenido necesario para cumplir con las exigencias de la normativa europea y nacional en materia de estabilidad presupuestaria. Todo ello conforme al marco general establecido en la Directiva 2011/85 UE.
• Desarrollo de una normativa que regule de manera unificada y concreta el régimen presupuestario, contable y de control aplicable a las distintas fórmulas de cooperación interadministrativa, en especial a los consorcios, como principal figura elegida para instrumentar la necesaria colaboración entre administraciones públicas a fin de evitar duplicidades en la prestación de servicios.