La Sala del 61 del Tribunal Supremo, encargada de la aplicación de la Ley de Partidos, celebra por primera vez una vista pública para decidir si ilegaliza Abertzale Sozialisten Batasuna o si permite su inscripción en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior.
Pese a que la celebración de esta vista no es obligatoria, puesto que no se recoge en la citada Ley, el Tribunal Supremo ha decidido realizarla dada la solicitud por escrito de los promotores del partido para la presentación de diversa documentación, y "a fin de garantizar de la manera más amplia y completa la tutela de los intereses generales y particulares concurrentes" y en atención a "la naturaleza y entidad de las cuestiones que se ventilan en el presente procedimiento". En la vista estarán presentes también la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado.
Los quince jueces que integran la Sala no tienen límite de tiempo para decidir sobre la ilegalización de un partido. En este caso, además, se da la circunstancia de que ASB ni siquiera ha presentado sus candidaturas electorales, ante la actuación de la Fiscalía General del Estado y de la Abogacía del Estado instando la ilegalización del partido, por lo que no podrá presentarse a las elecciones, sea cual sea la sentencia que emita la Sala del Supremo.
Una de las peticiones de ASB será la de plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Partidos al entender que vulnera la libre creación de partidos, además de negar ser una continuación o una sucesión de Batasuna.
Entre la documentación que ha solicitado a ASB, y que el Tribunal ha aceptado que sea presentada, están los estatutos de otros partidos legales dirigidos por una Mesa Nacional o que no condena de forma expresa la violencia, tales como Coalición Canaria, Liberación Andaluza o Aralar, a fin de demostrar las similitudes de los suyos con los de estos partidos, y solicita al Ministerio del Interior el informe elaborado por la Guardia Civil sobre los promotores de la formación.
Por otra parte ASB ha pedido varios autos y actuaciones judiciales del juez Baltasar Garzón y de la Fiscalía General, para presentarlos como prueba de que no tienen relación con Batasuna y sí con la "izquierda abertzale", cuya actuación y presencia pública no es ilegal.
