El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha aprobado un Real Decreto por el que se crean 95 nuevas plazas de fiscales, con el fin de contribuir a dar respuesta a las necesidades sociales y al aumento de trabajo en los órganos jurisdiccionales.

Con estas nuevas plazas se pretende reforzar especialmente la lucha contra los delitos relacionados con el tráfico ilegal de drogas y con los delitos económicos asociados a la corrupción.

El Real Decreto contempla la creación, dentro de la Fiscalía General del Estado, de la plaza de fiscal de sala coordinador de menores, perteneciente a la primera categoría. Además, ocho de las 95 plazas quedan adscritas a los nuevos juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer que se ponen en funcionamiento en las ciudades de Almería, Las Palmas, San Bartolomé de Tirajana, Arona, Elx (Elche), Tarragona, A Coruña y Murcia. Éstos puestos comenzarán a tener efectividad el próximo 30 de junio.

Las restantes 86 plazas, que comenzarán a funcionar el 31 de diciembre de 2007, se distribuyen entre el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Fiscalías Especiales (drogas y delitos económicos relacionados con la corrupción), Tribunales Superiores de Justicia (incluyendo adscripciones permanentes) y Audiencias Provinciales (también, con las adscripciones permanentes).

Igualmente, el proyecto recoge la creación de la adscripción permanente de Vélez-Málaga, en la fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga. Sus funciones se ejercerán en relación con los cuatro juzgados de Primera Instancia e Instrucción con sede en dicha población y con los órganos jurisdiccionales del partido judicial de Torrox.

Con estas modificaciones, la nueva plantilla de la carrera Fiscal queda constituida por un total de 2.075 efectivos. De ellos, 23 son fiscales de sala de primera categoría, de los que el Teniente fiscal del Tribunal Supremo tiene la consideración de presidente de sala de dicho tribunal; 1.485 fiscales de segunda categoría y 567, de tercera.

Durante la presente legislatura, el Gobierno ha venido aprobando sucesivos aumentos de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal, dada la mayor litigiosidad que existe en nuestra sociedad y las nuevas formas de criminalidad que hacen imprescindible ir especializando de forma progresiva a los fiscales en nuevas materias.