La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado el dictamen del Proyecto de Ley de Conservación de datos relativos a las Comunicaciones Electrónicas para reforzar los instrumentos disponibles para el ejercicio de las funciones de seguridad pública de los cuerpos policiales competentes, además del Centro Nacional de Inteligencia y de Vigilancia Aduanera.
Según información del Grupo Parlamentario Socialista, gracias a la nueva norma los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el CNI y Vigilancia Aduanera tendrán acceso "a unos datos que no están siempre disponibles y dificultan la persecución de los delitos graves", permitiendo además una mayor "eficacia policial".
Rascón también señaló que este proyecto de ley trata de "trasponer la directiva europea al ordenamiento jurídico español", a fin de establecer "la obligación de los operadores de telecomunicaciones de retener determinados datos generados en cualquier tipo de comunicación electrónica (telefonía móvil, fija e Internet), así como de entregarlos cuando se les requiera para la investigación, detección o enjuiciamiento de delitos graves".
El diputado también hizo hincapié en que "los datos que deben retenerse estarán exclusivamente vinculados a la comunicación y no revelarán en ningún caso el contenido de ésta, además, la cesión de los mismos requerirá siempre la autorización judicial previa, y siempre que la investigación verse sobre delitos graves".
Este dictamen también recoge que las operadoras que comercialicen tarjetas prepago de telefonía móvil deberán tener obligatoriamente un "libro-registro" en el que conste la identidad de los clientes que adquieran estas tarjetas. A pesar de que en un primer momento se excluyó de esta norma a las tarjetas emitidas previamente a la entrada en vigor de la ley (unos 21 millones según los datos de las operadoras), y ante la falta de seguridad que ello podría suponer en contra del sentido de la normativa, se ha dado un plazo de dos años para que las operadoras recopilen e inscriban en el "libro-registro" los datos correspondientes a los usuarios de dichas tarjetas, lo que ha sido definido por las propias operadoras como un proceso "lento y muy caro".
Rascón comentó que "el tiempo de conservación de los datos por los operadores será de 12 meses, el plazo de cumplimiento de la cesión de datos lo fijará el juez y el tiempo de adaptación tecnológica de los operadores a la nueva regulación será de 6 meses".
