A las empresas afectadas por la crisis económica se les va a ofrecer un salvavidas en forma de una nueva propuesta de la Comisión Europea, presentada hoy, para modernizar las normas europeas de insolvencia transfronteriza para empresas, con el fin de dar una «segunda oportunidad» a empresas que en otras circunstancias podrían ser viables. La Comisión propone modernizar las actuales normas sobre insolvencia transfronteriza que datan del año 2000. Con la experiencia adquirida en diez años, las nuevas normas dejarán de centrarse en la liquidación y desarrollarán un nuevo enfoque que ayude a las empresas a superar las dificultades financieras protegiendo al mismo tiempo el derecho a que los acreedores recuperen su dinero.
Las nuevas normas incrementarán la eficiencia y la eficacia de los procedimientos de insolvencia transfronteriza, que se calcula afectan a unas 50 000 empresas en toda la UE al año. Este es el primer paso hacia una cultura de la UE de «salvamento y recuperación» para ayudar a empresas e individuos con dificultades financieras. Una exploración más detallada a este respecto se lleva a cabo en una comunicación sobre políticas adoptada hoy en paralelo en la que se identifican las áreas de las legislaciones de insolvencia nacionales que tienen el potencial mayor de crear un entorno empresarial «desfavorable» y obstaculizar el desarrollo de un marco de insolvencia eficiente en el mercado interior.
«Las empresas son esenciales para crear prosperidad y empleo, pero crearlas, y mantenerlas en funcionamiento, es arduo, especialmente en el actual clima económico», señaló la vicepresidenta Viviane Reding, comisaria de Justicia de la UE. «Nuestras actuales normas de insolvencia deben actualizarse para facilitar que las empresas viables que tengan dificultades financieras puedan mantenerse a flote en vez de ser liquidadas. Cada año se pierden 1,7 millones de empleos debido a las insolvencias. Queremos dar a las empresas honradas y a las personas que trabajan en ellas una segunda oportunidad».
El vicepresidente Antonio Trajani, comisario de Industria y Emprendimiento, añadió: «Los estudios muestran que las empresas que vuelven a empezar tienen más éxito y una mayor supervivencia que la media de las empresas que empiezan; crecen más deprisa y dan más empleo. En consecuencia, el fracaso de un emprendedor no debe resultar en una «condena a muerte» que prohíba cualquier actividad empresarial futura, sino que debe considerarse como una oportunidad para aprender y mejorar, un punto de vista que ya se acepta hoy como la base de los avances en la investigación científica».
En una economía dinámica y moderna, las insolvencias son inevitables. Alrededor de la mitad de las empresas sobreviven menos de cinco años, y alrededor de unas 200 000 quiebran cada año en la UE. Es decir, unas 600 al día. Una cuarta parte de estas quiebras incluyen un elemento transfronterizo. Pero las pruebas sugieren que los emprendedores que han fracasado aprenden de sus errores y por lo general tienen más éxito la segunda vez. Hasta el 18 % de los emprendedores que tienen éxito han fracasado en su primer intento. Por esta razón, es esencial disponer de leyes modernas y de procedimientos eficientes para ayudar a las empresas que dispongan del suficiente fondo económico para superar sus dificultades financieras y disfrutar de una «segunda oportunidad».
La revisión del Reglamento sobre insolvencia de la UE pretende modernizar las actuales normas para que puedan ayudar a la reestructuración de empresas en crisis y crear un entorno favorable a los negocios, especialmente en tiempos de dificultades financieras. Actualizará el Reglamento, que es del año 2000, con la evolución de las leyes nacionales sobre insolvencia, en particular en términos de empresas muy endeudadas. Los intereses de los acreedores también pueden atenderse mediante una reestructuración, ya que puede suponer que tengan más posibilidades de recuperar su dinero que de otra forma se perdería en una liquidación.
El nuevo Reglamento incrementará también la seguridad jurídica estableciendo normas claras para determinar la jurisdicción y garantizar que en los casos en los que el deudor deba hacer frente a procedimientos de insolvencia en varios Estados miembros, los órganos jurisdiccionales que se ocupen de los diferentes procedimientos trabajen en estrecha cooperación. Se mejorará la información a los acreedores obligando a los Estados miembros a publicar decisiones clave, por ejemplo sobre la incoación de procedimientos de insolvencia. Globalmente, estos cambios mejorarán la eficiencia y la efectividad de los procedimientos de insolvencia transfronterizas.
Esta propuesta se considera también como un primer paso general hacia una cultura de la UE de «salvamento y recuperación» en casos de empresas e individuos con dificultades financieras. El reto consiste en tratar las dificultades financieras del deudor protegiendo al mismo tiempo los intereses del acreedor. En el futuro podrán existir normas separadas para los empresarios honrados y para los casos en los que la quiebra haya sido fraudulenta o irresponsable. En el caso de las quiebras que no sean fraudulentas, un periodo más breve para la rehabilitación en relación con las deudas y las restricciones jurídicas derivadas de la quiebra garantizarán que el emprendedor no acabe hundido en caso de quiebra del negocio.
La propuesta de Reglamento se remitirá ahora al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE para su negociación y adopción.
Antecedentes
La legislación europea sobre insolvencia se establece en el Reglamento (CE) nº 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia (el «Reglamento sobre insolvencia»), que se ha venido aplicando desde el 31 de mayo de 2002. El Reglamento contiene normas sobre la jurisdicción, el reconocimiento y las leyes aplicables y establece la coordinación de los procedimientos de insolvencia incoados en varios Estados miembros. El Reglamento será de aplicación cuando el deudor tenga activos o acreedores en más de un Estado miembro.
El 30 de marzo de 2012, la Comisión puso en marcha una consulta pública sobre la modernización de las normas de la UE que rigen las insolvencias. Se invitó a las pequeñas y medianas empresas, autónomos, síndicos de insolvencias, autoridades judiciales, públicas y académicas, y al público en general a que compartiesen su experiencia en materia de insolvencia y, en particular, de insolvencia transfronteriza.
