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18/01/2013 09:39:00 Consejo general de la Abogacía Manifestación en defensa de la Administración de Justicia 2 minutos

La Plataforma Justicia para Todos apoya la manifestación estatal para defender el Servicio Público de la Justicia

CCOO, UGT, CSI-F y STAJ han convocado el próximo sábado 19 de enero una marcha en Madrid desde la plaza de Cibeles al Ministerio de Justicia. La Abogacía respalda las propuestas para que el Gobierno sea capaz de escuchar a todos los colectivos afectados y evite los efectos negativos que tiene en la ciudadanía la imposición de tasas judiciales

La Plataforma Justicia para Todos, constituida por el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo de Consumidores y Usuarios y los sindicatos representativos de la Administración de Justicia, CCOO, UGT, CIS-F, USO y STAJ, ha acordado apoyar la manifestación estatal en defensa de la Administración de Justicia que se celebrará el próximo sábado 19 de enero en Madrid.

La manifestación, que empezará a las 12:00 horas en la plaza de Cibeles y finalizará en el Ministerio de Justicia (c/ San Bernardo 45) se ha convocado para defender los derechos de los ciudadanos ante las limitaciones para acudir a los tribunales y por la imposición de tasas judiciales que suponen una barrera para el acceso a la jurisdicción.

La Plataforma Justicia para Todos acordó en su reunión celebrada el pasado 28 de diciembre de 2012 apoyar la manifestación para reiterar su compromiso con la mejora del Servicio Público en defensa de los intereses generales, pues la Administración judicial está relegada del proceso de modernización acometido en otros ámbitos públicos.

Ante determinadas medidas adoptadas recientemente, la Plataforma recuerda que se va a agravar la actual situación de deterioro institucional, por lo que reclama un diálogo constructivo y soluciones eficaces ante los graves problemas existentes en la Justicia.

La Abogacía, junto al resto de miembros de la Plataforma, solicita al Gobierno que sea capaz de escuchar la voz de todos los colectivos afectados y evitar los efectos negativos que tiene en la ciudadanía. Además, propone al Ejecutivo que sea capaz de generar un amplio Pacto de Estado, en el que participen todos los sectores implicados, con la finalidad de crear una nueva Administración de Justicia. Y, sobre todo, que se profundice en los principios que inspiraron la Carta de Derechos de la Ciudadanía ante la Justicia, aprobada por unanimidad en 2002.

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