La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debate la aprobación de un informe contrario a facultar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en comisión de servicios para que intermedie con las autoridades judiciales norteamericanas en favor de la valenciana María José Carrascosa, en prisión en Estados Unidos por negarse a entregar a su ex marido a la hija de ambos, después de que un tribunal de dicho país le otorgara a éste la custodia.

El informe, suscrito por el secretario general del CGPJ, Celso Rodríguez Padrón, señala que el hecho de que Garzón sea juez en activo le impide intermediar en un conflicto establecido entre tribunales españoles y extranjeros, ya que ello no resulta acorde con los principios inspiradores del ejercicio de la potestad jurisdiccional, como es el de la independencia judicial.

El escrito que discutirá el CGPJ responde a una carta remitida por el Ministerio de Justicia el pasado día 29 al presidente de esta institución, Francisco José Hernando, en la que el Ejecutivo reconoce que el asunto se encuentra en una vía muerta y pide al órgano de Gobierno de los jueces que, si Garzón lo acepta, le faculte para intermediar en el conflicto.

Soluciones Imaginativas

La carta explica que, al haberse agotado las vías previstas en el Convenio de La Haya sobre sustracción internacional de menores, el asunto ha quedado en vía muerta, y que se requieren soluciones no sólo jurisdiccionales, sino mediadoras e imaginativas.

La elección de Garzón como mediador la justifica el Ministerio en el prestigio y conocimiento que este magistrado tiene de la realidad judicial norteamericana, así como en la inexistencia de la figura de juez de enlace español con los Estados Unidos.

Pese a comprender la complejidad de la situación y lo dolorosa que sin género de dudas resulta una situación de prisión, el secretario del CGPJ recuerda que España no permitiría a un juez de otro país mediar entre tribunales españoles "para lograr lo que no pudo conseguirse a través del sistema de recursos procesales regulado en las respectivas leyes de procedimiento".

Añade que no es coherente permitir a un magistrado realizar una gestión en el extranjero que, de acuerdo con la ley no puede llevar a cabo en ningún caso en España. De todo ello, concluye que "la mediación por parte de un juez en un conflicto jurisdiccional entre dos tribunales no resulta acorde con los principios inspiradores del ejercicio activo de la potestad jurisdiccional", y más en el caso de Garzón, quien como magistrado de la Audiencia Nacional tiene jurisdicción para investigar casos contra españoles por delitos cometidos en el Extranjero.

Finalmente, el informe que se debatirá señala que de todo lo expuesto no puede inferirse que el CGPJ no se muestre sensible a la situación de Carrascosa, y sugiere que sean otras vías de negociación (diplomáticas e institucionales) u otros mediadores quienes se hagan cargo de las gestiones necesarias, "que todos deseamos que lleguen a buen fin".

Conflicto entre dos tribunales

En el "caso Carrascosa" se contraponen las decisiones firmes de dos órganos judiciales pertenecientes a dos países diferentes. Tanto el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Valencia como la Audiencia Provincial de dicho territorio concedieron la custodia de la hija de Carrascosa a su madre, y a la vez prohibieron la salida de la niña del país.

Por su parte, la jurisdicción norteamericana resolvió a favor del padre de la menor en la demanda de divorcio que éste interpuso en su país y ordenó a la mujer la devolución de su hija al padre, una orden que María José no puede cumplir (algo que reconoce tanto el Ministerio de Justicia como el CGPJ) porque el pasaporte de la pequeña quedó retenido por la Audiencia valenciana. De ahí se ha llegado al ingreso en prisión de la madre en Estados Unidos por un delito de desacato a los tribunales norteamericanos.