Este mecanismo será posible gracias al convenio de colaboración firmado este lunes entre los presidentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner; de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; y de de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), José Manuel Rey.
Se trata de un convenio pionero suscrito entre el órgano de gobierno de los jueces con una comunidad autónoma que permitirá "movilizar de forma exponencial a partir de esta misma mañana" las 500 viviendas que la Xunta ha puesto a disposición de las personas que se vean inmersas en un procedimiento de desahucio derivado de una ejecución hipotecaria o de un juicio por falta de pago de la renta.
Feijóo, que ha agradecido al CGPJ su "sensibilidad" e "interés", ha puesto de relieve que este convenio mantiene la independencia del poder judicial, con la aplicación del Estado de Derecho y la propia implicación de los magistrados ante el "asfixiante drama" de las familias desahuciadas.
"Cuando un juez advierta una especial vulnerabilidad de un afectado, notificará el hecho a la comunidad autónoma, que automáticamente se pondrá en contacto con los servicios sociales de base de los ayuntamientos", ha explicado el presidente gallego, para añadir que los servicios sociales autonómicos y municipales buscarán la posibilidad de facilitar una vivienda social y, en segundo lugar, una vivienda en alquiler.
El mecanismo se activará incluso antes de dictarse sentencia, con el fin de ayudar a los desahuciados.
El presidente del Consejo del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, enmarca este acuerdo en una cuestión de "justicia social" dirigida a evitar que un desahucio lleve al "desamparo total" a personas especialmente desvalidas o vulnerables. También mostró su confianza en que el CJPJ firme acuerdos semejantes con otras comunidades en el futuro.
Los afectados deberán cumplir los requisitos establecidos en el programa de realojo de afectados por ejecuciones hipotecarias gestionado por el Instituto Galego da Vivienda.
Por su parte, el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias, José Manuel Rey Varela, ha destacado que en estos tiempos los poderes públicos afrontan un "nivel de exigencia ciudadana muy alto" y que tienen la "obligación de estar a la altura de los problemas" de la sociedad y de hacerlo "en tiempo real con inmediatez". (EUROPA PRESS)
