El presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, ha pronosticado que las contrataciones de estos profesionales aumentarán y que los ciudadanos preferirán requerir sus servicios frente al prestado gratuitamente por los secretarios judiciales, especialmente, por su celeridad. "Si la Administración tarda un mes, el procurador tarda un día. "Cualquier ciudadano prefiere ahorrarse cuatro meses del proceso y pagar 40 euros que no pagar y esperar cuatro meses", ha dicho.
Estévez ha valorado en rueda de prensa el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que fue presentado el pasado viernes en el Consejo de Ministros, un texto que les encomienda nuevas atribuciones y que no fija el arancel, aunque establece que la ley regulará en el plazo de un año sus cuantías. "No sabemos cuánto va a ser, pero andará por los 30-50 euros", ha calculado.
En todo caso, Estévez ha precisado que el precio a pagar depende del tipo de procedimiento, del desplazamiento o del número de actos de comunicación que sean necesarios. "No es lo mismo un proceso de 500 millones a uno de 1.000 euros", ha indicado, para añadir que la incidencia en el proceso puede ser del 0,01 por ciento. "Estamos hablando de 30-50 euros", ha añadido.
Ha defendido que el Gobierno ha acercado la normativa española a la europea y pone de ejemplo países como Francia, Luxemburgo o Estados Unidos donde funciones de comunicación o ejecución no las realizan los funcionarios, sino únicamente los procuradores. Al ser preguntado si la Justicia rápida hay que pagarla, ha respondido que en España se ofrecen las dos oportunidades: el método tradicional o un procurador imparcial y con mayores garantías.
Por ejemplo, ha citado que entidades de crédito, personas en trámite de divorcio o en desahucios por falta de renta del alquiler pueden acudir a esta vía para recuperar cuanto antes su dinero o resolver su conflicto.
Para ilustrar uno de sus principales bazas -la celeridad- ha explicado que en cuestión de horas pueden transmitir la notificación de una citación a un testigo, mientras que el juzgado puede tardar demasiado, obligando a suspender el juicio, e incluso años si es necesario cursar una comisión rogatoria para comunicársela a un residente en el extranjero.
La Justicia no tiene por qué ser gratuita
A su juicio, la Justicia no tiene por qué ser gratuita y no es comprensible que todos los ciudadanos paguen con sus impuestos la gran cantidad de pleitos interpuestos por grandes compañías o bancos. "En Penal y Social, quizá, debe ser gratis en principio, pero no en Civil y Contencioso-Administrativo", opina, para considerar altas las cuantías de las nuevas tasas judiciales.
En cuanto a las nuevas funciones y el carácter de "agentes de la autoridad" que se otorga a los procuradores bajo las directrices del secretario judicial y sometido al control del juez, considera "absurdo" que el procurador tuviera que ir acompañado de dos testigos si el ciudadano se niega a recibir la notificación, con un correspondiente incremento del coste.
Estévez ha agradecido al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que haya sido "la primera persona" en comprender las necesidades de los procuradores no solo desde un punto de vista corporativo, sino para mejorar el servicio al ciudadano. "Hemos tenido la capacidad de adecuarnos a los nuevos tiempos", ha concluido. (EUROPA PRESS)
