La futura Ley de Transparencia no contemplará finalmente la inhabilitación de los cargos electos que cometan infracciones muy graves en el materia de buen gobierno, como proponía el proyecto inicial, aunque sí mantendrá la posibilidad de destituir a los cargos políticos que incurran en determinadas infracciones.
Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el PP ha accedido durante el trabajo en ponencia a eliminar la inhabilitación de los cargos electos como habían propuesto en sus enmiendas el PSOE y CiU.
Así las cosas, una vez que la ley entre en vigor se podrá destituir a los cargos políticos por la comisión de algunas de las infracciones tipificadas como graves o muy graves, pero no se les podrá inhabilitar para ocupar determinados cargos durante un periodo de entre 5 y 10 años como se planteaba en el proyecto del Gobierno.
Es decir, se podrá destituir, por ejemplo, a un concejal de ocupar la cartera de urbanismo, pero no se le podrá inhabilitar para volver a aspirar a un cargo de carácter electivo ni despojarle de él.
Evitar la discrecionalidad
Además, se ha incluido en la norma la posibilidad de que los cargos a los que se apliquen estas sanciones puedan recurrir por la vía contencioso-administrativa para evitar posibles caso de "discrecionalidad" en la aplicación de la ley.
También se ha incorporado expresamente al informe aprobado por la ponencia el compromiso adquirido públicamente por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante el debate de totalidad de la norma relativo a que cada administración aplicaría la ley en el ámbito de sus competencias.
Ello implicará, de facto, que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en ningún caso podrá aplicar sanciones a una autoridad local o autonómica, sino que serán los gobiernos autonómicos o municipales los autorizados para ello.
El ponente de CiU, Jordi Jané, se ha congratulado de que los avances que se han producido el ámbito competencial y de que se haya reconocido "manera expresa" el respeto a la legislación autonómica "que existe y existirá".
También el ponente del PNV, Emilio Olabarria, ha destacado como positivos los cambios introducidos en el capítulo de buen gobierno, si bien continúa manteniendo algunas discrepancias con el PP porque considera que la norma no respeta ni el concierto económico vasco ni el convenio navarro.
Consejo y Comisión de transparencia y buen gobierno
En la reunión de este jueves también ha quedado incorporado a la ley el nuevo Título III de la ley que regula la creación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que velará por el cumplimiento de la norma y estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Este Consejo, según la enmienda el PP que ya forma parte del informe de la ponencia tendrá "personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar" y actuará "con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines". El Consejo estará compuesto por la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno de la que, a su ver formarán parte su presidente, un diputado, un senador y un representante del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la Agencia Española de Protección de Datos, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
El presidente del Consejo y por ende también de la Comisión será nombrado por un período no renovable de cinco años mediante Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, "entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional".
Pero antes de ser nombrado deberá comparecer en el Congreso de los Diputados para que los grupos evalúen su idoneidad para el cargo. "El Congreso, a través de la Comisión competente, y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, deberá refrendar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un mes natural desde la recepción de la correspondiente comunicación", reza la enmienda del PP.
Se amplía el ámbito de aplicación de la ley
Por otra parte, durante el trabajo en ponencia también se ha ampliado el ámbito de aplicación de la ley, a la que estarán sometidos, entre otros la Casa del Rey, el Banco de España, los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales y las mutuas laborales.
Concretamente, en la reunión que ha celebrado este jueves la ponencia se ha acordado que también se vean afectadas por la norma las entidades privadas cuya financiación esté compuesta en un 40 por ciento por fondos públicos así como todas aquellas que reciban más de 100.000 euros al año en ayudas o subvenciones.
Finalmente, el PP ha accedido a rebajar del 50 al 40 por ciento el porcentaje de financiación pública que han de tener las entidades privadas para verse afectadas por esta norma, como solicitaban algunos grupos de la oposición como CiU y UPyD.
Asimismo, la futura ley obligará a las instituciones y administraciones implicadas a ofrecer en formato abierto y en soporte electrónico la información que deben trasladar a los ciudadanos, como habían solicitado todos los grupos de la oposición, que la administración haga inventario de sus bienes y que se dé publicidad a los perfiles profesionales de los cargos de la administración.
"Se ha trabajado lo suficiente como para poder asegurar que hoy ya es una ley de transparencia completa, moderna, avanzada tal y como exigen los ciudadanos", ha señalado por su parte, el ponente del PP Esteban González Pons, quien ha vuelto a criticar al PSOE por no haber participado en la ponencia.
Desde UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha admitido que se han producido algunas mejoras en el texto durante el debate en ponencia, pero su formación sigue considerando insuficiente la ley, entre otras cosas porque que no reconoce el acceso a la información como un derecho fundamental y no obliga a la transparencia a todas las entidades que reciben dinero público, sea cual sea su cuantía. (EUROPA PRESS)
