El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas bajó un 15,1% entre enero y junio en comparación con el mismo periodo del año pasado, según datos provisionales del Ministerio de Empleo.

Estos datos no incluyen la información de los procedimientos comunicados por las empresas a la autoridad laboral de Cataluña entre enero y abril, ya que, según Empleo, no se recibió la información a tiempo. Las cifras correspondientes a dicha comunidad corresponden a los procedimientos comunicados por las empresas a la Dirección General de Empleo, según explica el Ministerio.

En concreto, un total de 199.569 trabajadores se vieron afectados por un ERE en los seis primeros meses del año, en contraste con los 235.161 trabajadores que estuvieron implicados en una regulación de empleo durante el mismo periodo de 2012.

No obstante, el número de trabajadores afectados por despidos colectivos se incrementó hasta junio un 2,1%, hasta sumar 38.909 trabajadores, dato que contrasta con los descensos en un 19,9% y en un 14,4% de los trabajadores inmersos en suspensiones de contrato y reducciones de jornada, hasta totalizar, respectivamente, 116.780 y 43.800 afectados.

Los procedimientos de regulación de empleo autorizados/comunicados descendieron un 13,3% en comparación con el mismo periodo de 2012, hasta sumar 15.542 procedimientos, frente a los 17.927 de un año antes. Las empresas afectadas, por su parte, sumaron 12.419, un 18,9% menos.

Del total de procedimientos, 14.532 contaban con acuerdo entre las partes, un 11,6% menos que entre enero y junio de 2012, mientras que 1.010 se efectuaron sin acuerdo, un 32,3% menos.

La mayoría de los ERE se deben a causas económicas

De los 199.569 trabajadores afectados por ERE en los seis primeros meses del año, seis de cada diez, 124.585 trabajadores, se vieron envueltos en un procedimiento por causas económicas.

Dentro de este apartado, los procesos en los que las empresas alegaron pérdidas actuales afectaron a 57.528 trabajadores, mientras que la disminución del nivel de ingresos o de las ventas afectó a 36.376 empleados.

La previsión de pérdidas utilizada por las empresas para justificar un ERE afectó a 3.007 trabajadores y otros 91 se vieron inmersos en este procedimiento por alegar la administración pública en la que trabajan o trabajaban "insuficiencia presupuestaria".

De estos 91 trabajadores del sector público afectados por un ERE económico, 40 fueron despedidos, 22 sufrieron reducciones de jornada y a 29 se les suspendió el contrato de trabajo.

Por otro lado, los trabajadores afectados por ERE de causas técnicas sumaron 5.013 hasta junio, los afectados por causas organizativas totalizaron 13.448, los de producción ascendieron a 55.202 y los de fuerza mayor, 1.321.

La principal novedad introducida en la reforma del mercado de trabajo en relación a los ERE es la eliminación de la autorización administrativa anteriormente exigida para proceder a la realización de despidos colectivos o de medidas de suspensión de contrato o reducción de jornada por parte del empresario.

No obstante, la nueva regulación mantiene la necesidad de que se realice un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, al tiempo que se establece la intervención de la autoridad laboral para garantizar la efectividad de dicho periodo de consultas, pero sin tener ésta carácter decisorio.

La decisión última será, pues, la del empresario, y como en el caso de los despidos individuales, si no se está de acuerdo, los trabajadores tendrán que impugnarla por la vía judicial.

De los casi 200.000 trabajadores afectados por un ERE hasta junio, 49.574 proceden de empresas de 50 a 249 empleados, 30.602 forman parte de plantillas de entre 10 y 24 trabajadores, y 23.701 son de empresas de 25 a 49 trabajadores.

En las empresas de 1 a 9 trabajadores se registraron 23.874 trabajadores afectados, y en las de 1.000 a 4.999 hubo 21.515 empleados inmersos en un ERE. En las de más de 5.000 trabajadores en plantilla, los ERE del primer semestre afectaron a 20.197 trabajadores.

Industria y servicios, los sectrores más afectados

La mayor parte de los trabajadores afectados por ERE autorizados/comunicados hasta junio provenían de la industria (92.439) y los servicios (86.338). En la construcción, los afectados sumaron 19.571 y en la agricultura, 1.221.

Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de trabajadores inmersos en regulaciones de empleo hasta junio fueron Madrid (28.172), País Vasco (26.513) y Comunidad Valenciana (21.925), mientras que La Rioja (1.760 afectados), Baleares (2.003) y Murcia (2.405) fueron las que tuvieron a menos trabajadores inmersos en un ERE.

No obstante, la estadística no contiene todos los datos correspondientes a la comunidad de Cataluña que,sólo por el hecho de ser una de las más pobladas, suele estar entre las regiones de cabeza.

CC.OO. alerta del "imparable" aumento de los despidos colectivos

Tras conocerse esta noticia, la central sindical CC.OO. ha afirmado que la "supuesta reducción genérica" del número de procesos y trabajadores afectados por regulaciones de empleo en el primer semestre se ve "totalmente eclipsada y cuestionada por el imparable aumento de los despidos colectivos".

El sindicato añade que mientras suben los despidos colectivos, se observa un "inquietante" cambio de tendencia en relación con las suspensiones de contratos y reducciones de jornada, que se redujeron un 19,9% y un 14,4% hasta el mes de junio, respectivamente.

CC.OO. ha argumentado además que estos datos del Ministerio de Empleo de los seis primeros meses del año son "provisionales y parciales", pues la estadística no incluye la información de los procedimientos comunicados por las empresas a la autoridad laboral de Cataluña durante los meses comprendidos entre enero a abril de 2013.

Así, el sindicato entiende que las cifras publicadas por Empleo "no reflejan lo realmente acontecido durante el periodo de referencia en el conjunto del Estado", lo que impide hacer una comparación real sobre la evolución de los expedientes de regulación de empleo.

La organización que dirige Ignacio Fernández Toxo ha insistido en que la reforma laboral y sus desarrollos reglamentarios han potenciado los despidos individuales y colectivos y provocado situaciones de "auténtico desequilibrio e indefensión" por la desaparición de la autorización administrativa previa a la regulación de empleo. (EUROPA PRESS)