El Pleno del Congreso debatirá este jueves las nueve enmiendas de totalidad presentadas por PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, CiU, PNV, Amaiur, ERC, BNG y CC-NC contra el proyecto de ley de Garantía de la Unidad de Mercado, la mayoría argumentando que se trata de una norma recentralizadora, que vulnera competencias autonómicas y que fomenta el 'dumping normativo' y los "paraísos administrativos".
Posturas de la oposición
Los socialistas argumenta que el problema no proviene de una fragmentación del mercado interior español, sino de la "ineficiencia" de los controles administrativos y de su excesivo coste y burocracia. Por ello, cree que se pueden buscar fórmulas para simplificar los trámites administrativos para ser más eficiente y fomentar así la actividad económica.
En su opinión, el proyecto de ley utiliza esa pretendida fragmentación como excusa para favorecer la desregulación, al introducir la autorización única; y que además será ineficaz al no tener en cuenta las diferencias entre los diferentes sectores y actividades.
En la misma línea, la Izquierda Plural afirma que el proyecto del Gobierno busca recentralizar competencias y fomentar el "dumping normativo", haciendo que las comunidades compitan entre sí para desregular sectores y atraer así actividad económica, con los riesgos para la competencia y para los derechos de los consumidores que eso conlleva.
Asimismo, IU-ICV-CHA alerta de que la fijación de una "regulación imprecisa" será "fuente inagotable de conflictos" entre las diferentes administraciones, y señala que algunas previsiones como los regímenes de autorización previa, declaración responsable o comunicación o los mecanismos de control a posteriori son particularmente "confusas".
Los nacionalistas catalanes de CiU tienen una opinión muy parecida y en su enmienda acusan al Gobierno de pretender modificar con este proyecto de ley la configuración política del estado de las autonomías recentralizando competencias y uniformizando normativas, lo que es contrario a la Constitución, según recuerdan.
Además, temen que se fomente la competencia por la desregulación y avisan de que las medidas incluidas en este proyecto de ley suponen una "discriminación" hacia los operadores extranjeros, que sí tendrán que cumplir las condiciones de cada región y no podrán aplicar las de su lugar de origen. CiU cree asimismo que este texto legal incrementa la inseguridad jurídica por su "imprecisión".
Por su parte, el PNV afirma que el proyecto supone una "quiebra de los criterios de reparto competencial" y asegura que con esta ley se creará un "mercado paralelo al ya existente dentro de la Unión Europea".
En la misma línea, ERC enmarca la propuesta del Gobierno en una "visión nacionalista, centralista y homogeneizadora" que el PP ha plasmado ya en otros textos legales, y lo rechaza porque lamina competencias autonómicas y creará "paraísos administrativos" que conllevará una "rebaja de los estándares" de exigencia que cada región establece.
También el BNG acusa a la norma de ser "uniformizadora y centralizadora" y de invadir competencias, y cree que provocará un "dumping regulatorio" al "igualar por abajo" las normativas y fomentar una "convergencia hacia normativas de mínimos". Su difícil aplicación y la litigiosidad que provocarán son otros de sus argumentos para pedir la devolución del proyecto al Gobierno.
CC-NC critica que el Gobierno pretenda "acabar con el modelo autonómico" y que vulnere competencias reinterpretando el criterio del Tribunal Constitucional (TC) sobre lo que es la unidad de mercado y los límites de los efectos de las decisiones administrativas, y lamenta que de nuevo se "ignoren las especificidades" de Canarias.
Por su parte, Amaiur argumenta que con esta nueva recentralización el Ejecutivo pretende mermar la soberanía de los gobiernos autonómicos y que la desregulación que preconiza vaya a afectar también a los derechos de los consumidores.
Finalmente, UPyD también pide la devolución al Gobierno de este proyecto de ley aunque por argumentos diferentes. A su entender, el origen de las "importantes distorsiones" que presenta el mercado interior es un "mal diseño de la descentralización", y lamenta que esto esté teniendo "consecuencias nefastas" en la competencia, la competitividad, las inversiones, el coste de las empresas y los consumidores. El texto conllevará un incremento de la litigiosidad, que se verá agravada por la "falta de precisión" sobre el modo de aplicación, el coste o los efectos en los costes fiscales. (EUROPA PRESS)
