La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha insistido este martes en que los pensionistas mantendrán su poder adquisitivo en el medio y el largo plazo con su propuesta de modificación del cálculo de la revalorización anual gracias a la desindexación de precios que el Gobierno pretende aprobar y que permitirá contener la inflación.

Así lo ha señalado durante su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso, donde Báñez ha explicado el proyecto de ley de reforma de las pensiones que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes, y que incluye la sustitución del IPC por un nuevo índice de revalorización anual de las pensiones en función de los ingresos y gastos del sistema.

Además, ha asegurado que en el medio plazo se mantiene el poder adquisitivo gracias a que cuando haya crecimiento se podrán revalorizar hasta un 0,25% por encima del IPC y a medidas como la Ley de Desindexación en la que trabaja el Ejecutivo que, al desvincular la actualización de los precios públicos del IPC, contribuirá a contener la inflación, lo que permitirá que "las pensiones vean incrementado el poder adquisitivo con incrementos menores de cuantía".

Báñez también ha defendido la necesidad de "no sacralizar el uso de un índice específico" --en este caso, el IPC--, sobre todo cuando "la realidad ha puesto de manifiesto que resulta imposible de cumplir cuando las cosas no van bien", como demuestra la congelación de 2011. "¿Por qué se hizo? Porque las decisiones en pensiones no pueden sostenibles o financiables sólo uno o dos años, sino a lo largo del tiempo. Son gastos consolidables e incrementables, nunca se paran ni retroceden", ha recordado.

Báñez ha insistido en que el nuevo índice tiene en cuenta los gastos e ingresos del sistema y que se puede hablar "de todo" pero siempre "con responsabilidad y rigor" y "alejado de intereses partidistas y electorales". Siempre sin perder de vista que entre 2014 y 2022 se prevé un gasto superior a los 1,37 billones de euros, lo que situará la ratio con respecto al PIB más cerca de la media europea, ante la llegada de los jubilados del 'baby boom', que tendrán pensiones más altas y durante más tiempo.

Factor de sostenibilidad

Este nuevo factor, que entrará en vigor en 2019, vinculará la cuantía inicial con la esperanza de vida a los 67 años prevista por la Seguridad Social en el momento de entrar en el sistema, dato que se revisará cada cinco años teniendo en cuenta un periodo de once ejercicios. "Este factor no afectará en ningún caso a la pensión mínima, que seguirá siendo complementada de acuerdo con lo que año a año diga el Presupuesto", ha precisado la ministra.

De esta manera, se adecuará "automáticamente" la cuantía que los pensionistas reciben "en atención al mayor tiempo" de cobro, y se garantizará que pensionistas de diferentes generaciones perciban cantidades equivalentes por cotizaciones similares. "Será suficiente con que la base media de cotización crezca por encima del efecto de esa diferencia de vida sobre la cuantía de la pensión para que la pensión media real aumente", ha señalado.

En este punto, la ministra ha señalado que garantizar la sostenibilidad de las pensiones en el largo plazo requiere de "dotar al sistema de mecanismos que lo sostengan", lo que a su entender no hace la reforma que el Ejecutivo socialista aprobó en 2011 por sí sola.

En este sentido, el ahorro previsto de 33.000 millones de euros hasta 2022 "es un ahorro en los desequilibrios del sistema y no en la cuantía de las pensiones". "No se trata de recortar sino de contribuir a un reparto equilibrado en las aportaciones y prestaciones que se pueden obtener", ha dicho.

El Gobierno usará 6.148 millones del fondo de reserva de las pensiones antes de que acabe el año

En la misma comparecencia al ministra hizo público que el Gobierno usará 6.148 millones de euros del fondo de reserva de la Seguridad Social --la llamada 'hucha de las pensiones'-- antes de que acabe el año, comenzando por una disposición de 720 millones de euros este mismo martes.

Según la ministra, en los tres próximos meses "y antes de que concluya el año 2013", la Seguridad Social usará 6.148 millones de euros adicionales del fondo de reserva para hacer frente al pago "puntual" de las pensiones, aunque a lo largo de este mismo martes se dispondrá el uso de 720 millones de la 'hucha de las pensiones' para "atender necesidades de Tesorería".

Esta cantidad se sumará a los aproximadamente 5.500 millones de euros que se han utilizado hasta ahora durante todo este ejercicio del fondo de reserva, por lo que en total en 2013 la 'hucha de las pensiones' habrá perdido más de 11.000 millones de euros que, sumados a los más de 7.000 millones que se requirieron el año pasado, suponen una utilización de 18.651 millones de euros en dos ejercicios.

Así, actualmente el fondo cuenta con 59.350 millones de euros pero concluirá este ejercicio 2013 con 53.202 millones de euros, de los que previsiblemente habrá que detraer nuevas cantidades a lo largo del próximo año.

Además, entre el año pasado y éste se han utilizado también 4.980 millones de euros del fondo de mutuas, lo que supone que en dos años se ha tenido que recurrir a 23.631 millones de euros para cubrir de forma extraordinaria gastos de la Seguridad Social.

La oposición en el Congreso pide a Báñez que retire la reforma de las pensiones para poder negociar

En relación con este tema, los partidos de la oposición en el Congreso han rechazado de forma unánime la reforma de las pensiones propuesta por el Gobierno, y le han pedido a la ministra de Empleo que retire su proyecto de ley para poder acometer un verdadero proceso de negociación, en el que se revisen no sólo los gastos sino también los ingresos del sistema.

El exministro socialista de Trabajo Valeriano Gómez ha afirmado que a su grupo no le gusta la reforma propuesta, que "no durará más de lo que dure el PP al frente del Gobierno", porque "plantea un modelo en el que no se pide un sacrificio concreto un año, que puede ser necesario, sino que ponen una fórmula que sanciona para siempre la pérdida de poder adquisitivo".

Además, ha afirmado que la subida del 0,25% que se propone para 2014 "es prácticamente una congelación" y ha señalado que los problemas que atraviesa la Seguridad Social no se deben a la herencia recibida del PSOE sino a medidas como la reforma laboral, que ha provocado "despidos a mansalva y reducciones salariales importantísimas" que están conduciendo al sistema a "dificultades crecientes" que espera "no sean insalvables". "Lo que hace falta son reformas para crear empleo", ha zanjado.

En el mismo sentido, el portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, ha avanzado que su grupo nunca podrá estar de acuerdo con un "recorte de derechos que no resuelve el problema de ingresos" de la Seguridad Social, algo que "sólo será posible cambiando la política económica suicida". "Si continúan cayendo los ingresos ni ésta ni ninguna fórmula va a funcionar. La solución es garantizar los ingresos y, dado que España gasta poco en pensiones, existe posibilidad de actuar de otra manera", ha añadido.

Álvaro Anchuelo, de UPyD, duda de que el nuevo índice de revalorización permita mantener el poder adquisitivo de los pensionistas ya que, pese al suelo y el techo que recoge, no da "la misma posibilidad de ganar que de perder", porque "por cada año malo harán falta muchos años buenos para recuperar". Por eso, la única opción es "no sólo adaptar los gastos" a una población jubilada creciente sino también tocar unos ingresos que actualmente son "bajos".

También Carles Campuzano (CiU) ha criticado que el "calendario impuesto" deja poco espacio al acuerdo, y ha advertido de que si el PP "impone su reforma lo más previsible es que una nueva mayoría la cambie" y no se garantice la tan necesaria estabilidad en el sistema.

Emilio Olabarría del PNV, teme incluso que la reforma propuesta sea inconstitucional al no garantizar  el carácter "público, universal y suficiente" de las pensiones, y ha recordado al PP que por mucha mayoría absoluta que tenga no debería aprobar una reforma de este calado en solitario. También ha criticado que se haga a los pensionistas "cautivos" del IPC y ha recordado que se puede actuar sobre los ingresos y no sólo recortar gastos.

Olaia Fernández Davila (BNG) cree que la propuesta "no es más que un empobrecimiento de las pensiones" y teme el "rodillo de la mayoría absoluta" del PP porque hasta la fecha "no ha habido diálogo ni negociación", mientras que Sabino Cuadra (Amaiur) ha reprochado que se pretenda "recortar las pensiones otra vez" a pesar de que algunos jubilados sobreviven con cuantías "que no permiten vivir dignamente".

Por último, la 'popular' Carolina España ha afirmado que la Ley 27/2011 "sólo corrige un tercio de los desequilibrios" del sistema, lo que hace imprescindible avanzar en la reforma, y ha pedido a la oposición que "arrime el hombro" porque "aún hay tiempo para acuerdos" y también hay margen para la negociación. (EUROPA PRESS)