El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, ha señalado que la Agencia ha enviado ya 347 requerimientos de información y embargo a otros países, en el marco de la regulación fiscal que busca con medidas como la declaración de bienes y derechos en el extranjero y la Declaración Tributaria Especial (DTE), conocida como 'amnistía fiscal'.
Durante la clausura del XXIII Congreso de los Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IEH), Menéndez ha recordado que la declaración de los bienes y derechos en el extranjero ha llevado a que más de 130.000 contribuyentes informen de 87.000 bienes en el exterior.
De la misma forma, ha señalado que la DTE ha aflorado bases imponibles por valor de 40.000 millones de euros. ¿Se podrían haber aflorado esos 40.000 millones de otra forma? Pues no", ha señalado.
A su parecer, cualquier persona que piense así "o no conoce cómo funciona el intercambio de información o miente". "No hubiera sido posible", ha dicho, tras resaltar una vez más el ensanchamiento de las bases que ha permitido en los principales tributos.
Según el director de la Agencia, toda la información recabada con este tipo de medidas se podrá utilizar para intensificar la planificación para las labores de control, aunque los datos de la DTE no serán objeto de una investigación específica.
Menéndez ha resaltado la importancia de intentar ser más eficiente en el uso de los recursos para la lucha contra el fraude fiscal. Así, ha apostado por no centrar sólo el ojo en los grandes contribuyentes, que son "casi los más controlados" en este momento y que, además, generan actividad y empleo.
En este sentido, ha reconocido que es un colectivo que concentra mucho fraude, pero también ha recordado que ya hay una delegación especial dedicada a investigar a las grandes empresas.
Casi 1.000 medidas cautelares hasta junio
Con todo, ha resaltado la apuesta decidida de la Agencia por luchar contra el fraude. De hecho, ha avanzado que en el primer semestre se han adoptado 980 medidas cautelares, 420 de ellas en el marco de la ley de lucha contra el fraude. De estas 420, un total de 376 se han adoptado en proceso penal por delito fiscal por importe de 183 millones de euros.
Sobre la propuesta de los inspectores de unificar en un organismo la función de la recaudación de la Agencia Tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social, Menéndez se ha limitado a decir que dedicará todos sus esfuerzos a mejorar la eficacia de la Agencia.
Menéndez ha clausurado así el XXXIII Congreso de los inspectores, en el que este colectivo ha acordado reclamar la inclusión de una cláusula antifraude en el Impuesto de Sociedades, crear una Agencia Tributaria a nivel europeo y encauzar los procedimientos penales más por la simulación que por operaciones vinculadas. (EUROPA PRESS)
