Un total de 700 mujeres han sido asesinadas en España en la última década por otros tantos hombres con los que mantenían o habían mantenido una relación sentimental. Es el resultado estadístico de una media de setenta homicidios cada año, desde que en 2003 se empezaran a contar los crímenes con vistas a la aprobación, un año más tarde, de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Aunque la Delegación Especial del Gobierno para la lucha contra la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, creada con la citada ley, es el organismo que se encarga de la recopilación de los datos, son tradicionalmente las organizaciones de mujeres quienes han venido poniendo nombres y apellidos a una realidad que, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, padecen más de 600.000 mujeres cada año en España, aunque menos de la cuarta parte se decidan a contarlo.
Por eso, la Fundación Mujeres y Mujeres Progresistas aprovechan este "triste" recuento para insistir en pedir al Gobierno que sea "persistente" en la lucha contra la violencia de género, recordarle que todos los recursos humanos y económicos "son pocos" y que los recortes en este ámbito "no son admisibles".
Reforzar la protección
Marisa Soleto, de Fundación Mujeres, ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, que las políticas públicas deben ir dirigidas a reforzar los dispositivos de protección a las potenciales víctimas para minimizar los riesgos y a acciones que incrementen el rechazo social ante cualquier tipo de manifestación de violencia de género.
A su juicio, la Ley Integral de 2005 es el mecanismo "más adecuado", aunque lamenta que el despliegue de todas las medidas de esta normativa "no haya alcanzado su plenitud". El sistema judicial y cuestiones relacionadas con la sensibilidad social y la educación que "deberían afianzarse más".
La presidenta de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, considera que hay emplear "todos los medios posibles" para erradicar este problema: medidas dirigidas a la ciudadanía para que no "permanezca impasible"; insistir a las víctimas de malos tratos para se acojan a las medidas de protección dispuestas en la Ley integral y para que denuncien a sus agresores; y dirigir a los maltratadores el "reproche unánime" de la sociedad.
De la primera a la última
Yaneth, arrojada desde un segundo piso por el que era su novio en la localidad malagueña de Fuengirola el 7 de enero de 2003, fue la primera en una estadística poblada de historias de mujeres cuyo único rasgo en común es precisamente su condición femenina. Ella tenía 28 años, era extranjera. La mujer asesinada este sábado 2 de noviembre en la localidad conquense de Villanueva de la Jara, la última en ingresar en la estadística, era española, rondaba los 40 y tenía dos hijos pequeños.
Aquel año 2003 se cerró con 71 mujeres muertas, de las que 62 eran españolas. La más joven tenía menos de 17 años y el grupo más amplio, 27 mujeres, eran treintañeras. No obstante, murieron quince mujeres que contaban entre 41 y 50 y otras siete que, como Encarnación, octogenaria asesinada por su marido a finales de enero, tenían más de 64. En más de la mitad de los casos seguían manteniendo una relación de pareja con el hombre que las maltrataba.
Todos los expertos coinciden en destacar que no hay un perfil único de víctima de violencia de género. En estas setecientas mujeres hay inmigrantes sin red social de apoyo en España, mujeres rurales y mujeres con alguna discapacidad (se estima que más de un catorce por ciento). Pero también hay tituladas superiores, candidatas de partidos políticos, estudiantes, empresarias atrapadas en el mismo círculo vicioso.
Según los datos del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género adscrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en España se registran cada año unas 140.000 denuncias por delitos o faltas relacionadas con la violencia machista y el grueso de las sentencias en los juicios que se generan en consecuencia son condenatorias.
En 2003 la estadística oficial no desgranaba el porcentaje de mujeres asesinadas en crímenes de violencia de género que habían dado en algún momento la voz de alarma. El dato se incorporó en 2006, dejando ver que en menos de la cuarta parte de los casos constaban denuncias previas contra los agresores. Aquel año murieron 68 mujeres, de las que 22 sí habían pedido ayuda a las autoridades.
De toda la serie de datos, el que registra la menor cifra de asesinatos es 2012, cuando se produjeron 52 homicidios de este tipo. En 2009 se habían contado 56 y, en 2005, un total de 57. Son las tres excepciones, los únicos tres años de la década en los que la violencia machista se ha cobrado menos de sesenta vidas en España.
42 mujeres asesinadas que dejan 37 niños huérfanos en lo que va de año
En lo que va de año se cuentan 42, aunque podrían ser 46, porque la Delegación del Gobierno mantiene cuatro casos en investigación ocurridos en Orense, Asturias, Zamora y Zaragoza durante los últimos meses, en espera de que se esclarezca si las muertes se ajustan o no a las particularidades de la violencia de género.
Desde hace unos meses, el recuento incluye además a los hijos menores de edad que los maltratadores dejaron huérfanos o que pasaron a engrosar el recuento de víctimas mortales. Según la ya citada encuesta del CIS, al menos 840.000 niños y niñas padecen en España la violencia machista que se ejerce sobre sus madres y más de medio millón son maltratados directamente.
El hombre que ha asesinado a una mujer en Cuenca este fin de semana ha dejado sin madre a dos niños de seis y once años. Sólo en lo que va de año 37 se han quedado huérfanos por esta misma razón.
La Ley, un cambio fundamental
En declaraciones a Europa Press, Marta González, portavoz del PP en el Congreso en materia de Igualdad, ha subrayado que no existe un perfil único de víctimas en la materia, una idea que, a su juicio, refrenda la opinión de que la violencia machista puede afectar a cualquier mujer y que los maltratadores pueden proceder de cualquier ámbito. Eso sí, ha puntualizado que desde 2008 el número de fallecimientos por esta causa ha ido descendiendo.
En cuanto a la Ley Integral, González cree que ha implicado un "cambio fundamental" en el tratamiento penal y social de la violencia de género, ya que las mujeres víctimas cuentan con más apoyos, los maltratadores tienen penas más duras y la concienciación social sobre el tema es "más fuerte".
Por su parte, la portavoz en la materia del PSOE en la Cámara baja, Carmen Montón, valora "muy positivamente" los casi diez años de la Ley contra la Violencia de Género, si bien ha alertado de que el Gobierno con sus actuales políticas la está "poniendo en riesgo". En este sentido, ha citado la reforma del Código Penal, la reforma local, que "elimina" de los ayuntamientos la primera instancia a la violencia de género, o reforma educativa, que quita del currículo la lucha contra esta lacra.
"Hay que seguir animando a todas las mujeres a que denuncien. Es muy importante el rechazo social para recordar también al entorno de la víctima que puede denunciar", ha recalcado, a la vez que ha apelado al Gobierno para que la violencia machista vuelva a la primera línea de la política, puesto que "las instituciones son quienes tienen la última responsabilidad". (EUROPA PRESS)