El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, confirmó este jueves que el Consejo de Ministros estudiará hoy en primera lectura el anteproyecto de reforma de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana y, que tras la larga tramitación que tiene por delante, su previsión es que sea definitivamente aprobada por las Cortes a lo largo del primer semestre de 2014. En todo ese proceso ha dado por seguro que el texto sufrirá cambios.
En declaraciones en la Cámara Baja, el titular de Interior no ha querido concretar las modificaciones que se han introducido al borrador inicial redactado por su ministerio y que, según se ha publicado, pasan por la rebaja en algunas de las infracciones más polémicas y en sus correspondientes multas.
Así, según algunas fuentes, Interior ha modificado a la baja las sanciones más polémicas de su borrador inicial, entre las que se encuentran, como más significativas, la relativa a las manifestaciones en torno al Congreso de los Diputados que pasa de ser considerada como infracción "muy grave" (entre 30.001 a 600.000 euros de multa) a "grave" (entre 1.001 y 30.000 euros de multa). También los insultos, coacciones o amenazas a los agentes de la Policía pasan de ser considerados "graves" a "leves" (multa de entre 100 y 1.000 euros de multa), según Interior. Además se rebaja la consideración para la difusión de imágenes de los miembros de las fuerzas de seguridad con intención de menoscabar su honor o el de su familia.
Sin embargo el ministro no ha querido dar detalles de esos cambios por "respeto" al Consejo de Ministros, si bien ha admitido que todos los ministros conocen ya su contenido, puesto que el texto ha pasado hasta en dos ocasiones --la semana pasada y la anterior--, por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
Según ha comentado, en este caso, se han producido "observaciones" en especial de los Ministerios de Justicia y de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad.
Una vez que el Consejo de Ministros analice este viernes el anteproyecto por primera vez, un trámite en el que, ha indicado el ministro, también pueden hacerse retoques, el texto se someterá al dictamen de los órganos consultivos: el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Después volverá al Consejo de Ministros y de ahí se remitirá a las Cortes ya como proyecto de ley para iniciar su tramitación parlamentaria.
Aun queda mucha tramitación
En este sentido, Fernández Díaz ha apuntado que a la futura ley que "le queda por delante todavía mucha tramitación" y que se trata de un proyecto que "por su propia naturaleza requiere reposo y calma".
Según sus cálculos podrá aprobarse en el próximo periodo de sesiones, que arranca en febrero y finaliza en junio. "Todavía quedan unos cuantos meses de tramitación y es muy posible que incluso todavía tenga muchas modificaciones", ha concluido, insistiendo en que cuando algunos lean en proyecto que el Gobierno remita al Congreso "se sonrojarán" al comprobar lo que dijeron cuando sólo era un borrador.
Un fichero de infractores medirá la reincidencia, que influirá a la hora de decidir el tipo de multas
Por su parte, secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez ha señalado que el Ministerio del Interior tendrá en cuenta la reincidencia a la hora de decidir la cuantía de las multas a imponer. Para ello en el borrador del Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, se contempla la creación de un fichero policial que registrará a los infractores.
"Este fichero no tendrá nada que ver con los delitos sino con las infracciones en materia de seguridad ciudadana a fin de registrar esas infracciones para valorar si se produce la reincidencia porque la reincidencia es un elemento para graduar en el anteproyecto la cuantía de las sanciones y en última instancia para apreciar si la comisión reiterada de infracciones pueda hacer que una infracción grave se pueda convertir en muy grave o una infracción leve se pueda convertir en grave, no unas sino varias acumuladas en el tiempo", ha dicho el 'número dos' de Interior durante su participación en una jornadas organizadas por el sindicato UFP.
Gallardón defiende las sanciones por vía administrativa, porque agilizarán el funcionamiento del Estado
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha subrayado por su parte, que sancionar por la vía administrativa conductas que antes se sometían a juicio, tal como prevén la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, está en la línea de lo que hacen otros países europeos y "aumentará para bien la agilidad" del Estado a la hora de "salvaguardar la seguridad".
En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, Gallardón ha defendido que no tenía sentido que para sancionar algunos comportamientos tipificados como "faltas" hiciese falta un "procedimiento con juez, fiscal, abogado y procurador" y ve más conveniente que se traten por la "vía gubernativa".
No obstante, ha subrayado que las decisiones administrativas también están sometidas a control judicial y cualquier ciudadano puede recurrirlas. De este modo ha justificado que conductas que antes estaban tipificadas en el Código Penal pasen a estar sancionadas por la Ley de Seguridad Ciudadana. (EUROPA PRESS)
