El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la Estrategia Europea de Seguridad y Salud Laboral mediante la que se pretende reducir la siniestralidad laboral y mejorar de forma continua los niveles de seguridad y salud en el trabajo. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega ha destacado que es una estrategia de gran envergadura, consensuada con los interlocutores sociales y las comunidades autónomas, y coherente con la estrategia comunitaria.
Por su parte, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha subrayado que el Gobierno pretende que del año 2007 al 2012 se reduzcan, al menos, en un 25% los accidentes de trabajo en España. La estrategia contiene 100 medidas de actuación y ocho grandes objetivos, según el ministro, para mejorar la prevención en las empresas y las políticas públicas para luchar contra la siniestralidad laboral. Jesús Caldera ha explicado que las empresas que tengan menos accidentes de trabajo pagarán menos cotizaciones a la Seguridad Social. Además, habrá programas específicos de control en aquellos sectores de actividad que tienen mayor siniestralidad y se favorecerá la renovación de equipos de trabajo obsoletos.
El Gobierno también ha aprobado el Proyecto de Ley de regulación de empresas de inserción, es decir, aquellas que se dedican a contratar a personas en situación de exclusión social. La Ley obligará a las empresas de inserción a "reinvertir el 80% de sus beneficios y diseñar un camino de vuelta a la sociedad para cada uno de sus empleados". Además existirán itinerarios de formación y trabajo personalizados que se recogerán en contratos temporales de tres años como máximo. Entre los beneficiarios figuran personas con discapacidad, emigrantes retornados, desempleados de larga duración, mujeres víctimas de violencia de género, personas que procedan de instituciones de protección de menores o con problemas de drogadicción y alcoholismo.
Por otra parte, más de 2.000 trabajadores con discapacidad se beneficiarán anualmente del programa de empleo con apoyo aprobado por el Gobierno, siendo los principales beneficiarios del programa los trabajadores con discapacidad severa, pero hay una excepción con la discapacidad auditiva, porque las ayudas alcanzan también a las personas sordas o con limitación igual o superior al 33%.
Las empresas ordinarias recibirán ayudas importantes si contratan a un tutor especializado en las enseñanza de estos jóvenes para que pasen de un centro especial de empleo a uno ordinario. El ministro de Trabajo detalló que las empresas recibirán 6.600 euros por cada trabajador con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual superior al 65% para que tenga un entrenador que le ayude a integrarse en el empleo; 4.000 euros cuando el grado se sitúe entre el 33% y el 65% y 2.500 euros cuando la discapacidad física o sensorial afecte a personas sordas o con discapacidad auditiva.
