El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles su visto nuevo a las nuevas normas en materia de contratación pública y concesiones que, entre sus novedades, fija estándares comunes para asegurar una competencia justa e introduce criterios sociales y medioambientales para que la adjudicación de los contratos no responda únicamente a la oferta más competitiva.

El objetivo de estas medidas es luchar contra el llamado 'dumping social' y garantizar que se respetan los derechos de los trabajadores.

Entre las novedades de la nueva regulación destacan las siguientes:

Prioridad a la calidad del proyecto sobre su precio

Las autoridades públicas podrán dar prioridad a la calidad, consideraciones medioambientales, aspectos sociales o a la innovación, sin olvidar el precio ni los costes del ciclo de vida del objeto de la licitación.

Proceso de licitación más simple y con menos burocracia y mejor acceso para las pymes

El proceso de licitación será más simple para las compañías, con un documento único europeo de contratación pública basado en declaraciones del propio empresario, lo que permitirá que sólo el adjudicatario deba proporcionar la documentación original. Las nuevas normas también incentivarán la división de los contratos en distintos lotes para facilitar la participación de las pymes.

Apertura de licitaciones sin anticipar la solución

Se introducirá un procedimiento completamente nuevo para reforzar las soluciones innovadoras en la contratación pública. Las nuevas “asociaciones para la innovación” permitirán a las autoridades públicas abrir licitaciones para problemas específicos sin anticipar la solución de los mismos, lo que deja margen a la autoridad contratante y al licitador para que propongan ellos mismos los remedios.

Normas más estrictas para la subcontratación

Las nuevas normas endurecerán las disposiciones sobre subcontratación y ofertas “anormalmente bajas”, con el objetivo de combatir el dumping social y garantizar que se respetan los derechos de los trabajadores. Los contratistas que no cumplan con la legislación laboral comunitaria podrán ser excluidos de las licitaciones.

Libertad de los Estados sobre las obras públicas

Los Estados miembros siguen teniendo la libertad para decidir cómo deben llevarse a cabo las obras públicas o funcionar los servicios públicos, bien sea de manera interna o bien externalizando a empresas privadas. En este sentido, la nueva directiva no exige la privatización de las empresas que presten servicios al público, según el texto adoptado. Además, los eurodiputados reconocen el carácter particular del agua como bien público, por lo que han aceptado la exclusión de este sector del ámbito de aplicación de las nuevas normas.

Adaptación a los derechos nacionales

Los Estados miembros tienen ahora un plazo de dos años para trasladar a sus legislaciones nacionales todos los cambios, que incluyen también condiciones más estrictas para la subcontratación y las ofertas "anormalmente bajas". (EUROPA PRESS y Redacción)