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28/02/2014 08:45:00 Redacción NJ Divorcio 2 minutos

El Sindicato de Secretarios Judiciales alerta del encarecimiento que supondrá la intervención de los notarios en los divorcios

El Sindicato de Secretarios Judiciales ha alertado de que la entrega a los notarios de competencias en matrimonios y divorcios de mutuo acuerdo, prevista en el Anteproyecto de Ley de jurisdicción voluntaria, desembocará en la "privatización" del servicio, que pasará a ser de "pago", y ha defendido que los secretarios judiciales son los profesionales adecuados para ejercer funciones de jurisdicción voluntaria

El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha alertado de que la entrega a los notarios de competencias en matrimonios y divorcios desembocará en la "privatización" del servicio, que pasará a ser de "pago", y ha defendido que los secretarios judiciales son los profesionales adecuados para ejercer funciones de jurisdicción voluntaria, sin coste para los ciudadanos y con la garantía de prestar un servicio homogéneo en todo el territorio.

Así se ha expresado el SISEJ sobre el Anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria en un comunicado en el que enmarca esta idea en el modelo de "justicia de dos velocidades" impulsado por el Gobierno del PP. "No tenemos la menor duda de que, al igual que en el caso del Registro Civil, cuando dichas competencias sean privatizadas ello vendrá acompañado de un significativo aumento de los precios y aranceles", ha añadido.

El sindicato ha explicado de que este anteproyecto contempla la atribución a colectivos extrajudiciales "en régimen semiprivado" de competencias hasta ahora desarrolladas en el ámbito de la Administración de Justicia. En este sentido, ha criticado que el Ministerio no haya mantenido ningún diálogo con los fedatarios públicos sobre este asunto.

El SISEJ ha hecho hincapié en que no existe ninguna razón que justifique la intervención de otros grupos en el servicio público y el único argumento radica en "los intereses económicos y las oportunidades de negocio para colectivos cuyos ingresos se han visto mermados tras la conocida caída de la llamada burbuja inmobiliaria".

A su juicio, esta reforma se produce en el marco de una política de recortes de los servicios públicos que afectan a la Justicia, a la educación o la sanidad. "Nos encontramos con una voluntad y acción de este Gobierno destinada a equipararlas efectivamente, pero por la vía del clasismo, la privatización y el recorte", ha concluido. (EUROPA PRESS)

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