La aprobación por el Consejo de Ministros del pasado sábado del anteproyecto de Ley de reforma de la LOPJ ha despertado reacciones entre los varios colectivos profesionales afectados por la misma.

Los Secretarios Judiciales califican la reforma de "retroceso" por su "visión estrecha y corporativista"

El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha criticado que el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sea un conglomerado de modificaciones "claramente conservador", con una "visión estrecha y corporativista" de la justicia y que suponga un "retroceso de la garantía de los derechos" para los ciudadanos. Además, según el SISEJ " consolida un modelo de administración de justicia fosilizado en el pasado, que no está pensado para el estado actual de la tecnología, y con un trato desigual para los ciudadanos".

En este sentido, SISEJ ha lamentado la "ruptura del espíritu del consenso" y la "falta de diálogo", ya que el Ejecutivo, amparado por una mayoría parlamentaria absoluta, ha optado por presentar un nuevo texto, que "rompe" con la dirección iniciada con el Pacto de Estado por la Justicia de 2001, con la reforma de la LOPJ de 2003 y con la reforma de la legislación procesal para la implantación de la Oficina Judicial de 2009, normas todas ellas elaboradas desde el consenso político.

Papel auxiliar de los Secretarios Judiciales

Según la asociación de secretarios judiciales, la redacción del anteproyecto "condena" a su colectivo a un "papel auxiliar", en el que se les desaprovecha profesionalmente, "lastrada por funciones residuales" como la dación de cuenta, la estadística judicial, o la documentación y llevanza de libros.

Además, el colectivo ha reivindicado que no se hayan reforzado "en lo más mínimo" las funciones directivas y resolutivas que "deberían caracterizar" a los secretarios, para así "prestar un mejor servicio público".

"La adopción de un régimen disciplinario propio y la supresión de las categorías no pueden ser considerados como avances, sino como correcciones parciales de situaciones de discriminación laboral
impropias de un colectivo público, reclamadas por el SISEJ desde hace años", ha sentenciado el sindicato.

Jueces para la Democracia y Foro Judicial señalan que la forma de agilizar los procedimientos no es poner más jueces de instrucción

Las asociaciones Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) han señalado este viernes que la forma de agilizar los procedimientos judiciales no es aumentar el número de jueces que instruyen determinados casos, sino que es necesario poner a los peritos bajo su dirección y solucionar la falta de medios en los juzgados.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha indicado que "no ha habido problemas de retraso" en los procedimientos relativos a casos de corrupción por la actuación del juez, sino más bien "por falta de medios", algo que se solventa "con una inversión suficiente".

En cualquier caso, ha dicho que lo "preocupante" es que se pueda vulnerar el principio del juez predeterminado por la ley eligiendo a los jueces que van a llevar determinados casos que puedan resultar "incómodos".

Así, ha advertido de que si se permite la asignación en la cúpula judicial de cargos nombrados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "un órgano con vinculaciones políticas", para que estos puedan decidir sobre los asuntos que va a llevar cada juez, se generarán "riesgos indudables para la independencia judicial".

Según el presidente de Foro Judicial Independiente, Ángel Dolado, para acelerar los procedimientos "no basta simplemente con que haya más jueces realizando la instrucción", sino que se consigue poniendo a los peritos de la Agencia Tributaria, los inspectores de trabajo o los peritos contables bajo las órdenes "directas" de los jueces.

También ayudaría, a su entender, restringir la posibilidad de presentar recursos durante la fase de instrucción, porque a veces la investigación se alarga debido a un uso "hipergarantista" de los mismos, y mejorar la cooperación jurídica en el marco de la Unión Europea y con paraísos fiscales en lo referente a las comisiones rogatorias.

Opinión sobre los procesos en curso

Bosch, en cambio, ha sido muy crítico con el anteproyecto, sobre todo con la idea de impedir que los jueces y sus asociaciones opinen sobre procedimientos en curso, sobre sentencias ya dictadas o sobre decisiones públicas del Gobierno, porque entiende que se pretende "silenciar" voces críticas que simplemente están defendiendo "intereses profesionales". "Son restricciones inaceptables al derecho de asociación y la libertad de expresión" que "serían inconstitucionales", ha subrayado.

Igualmente, ha censurado lo que considera un intento por parte del ministro de "militarizar" la judicatura al pretender establecer "un régimen muy piramidal y jerarquizado en el que hay un control desde arriba con vinculaciones con el poder político".

APM favorable a la reforma

Por su parte, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Llarena, ha elogiado las propuestas del ministro para la reforma de la LOPJ porque recoge "grandes ideas que eran necesarias para un mejor funcionamiento de la Justicia" y aborda una reforma estructural "necesaria", mencionando concretamente la creación de los tribunales de instancia y la posibilidad de que el Supremo unifique criterios para todos los tribunales de España.

Para el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Llarena, "tan independientes son tres jueces como uno", pero el hecho de que la decisión sea colegiada "aporta una mayor solidez y confianza" de cara a la opinión pública y, por tanto, "una mayor credibilidad de sus pronunciamientos y resoluciones".

Personas aforadas

En cuanto a la propuesta de que la Reina y los Príncipes de Asturias sean aforados ante el Tribunal Supremo, de manera que este tribunal tramitase su causa en el caso de que fuesen imputados por algún delito, el portavoz de JpD cree que en España "ya hay un número desproporcionado de personas con foro" y "no tiene sentido" aumentarlo, menos aún en un momento en el que se está investigando a la Infanta Cristina y a su marido, Iñaki Urdangarin.

Además, ha argumentado que el aforamiento es una medida anticuada y no debería seguir existiendo en un país con un Estado de Derecho "consolidado" y donde los tribunales son independientes y, por lo tanto, uno ordinario puede juzgar a "cualquier miembro de la Casa Real".

En la misma línea, el presidente de FJI ha afirmado que "establecer tribunales independientes en función de la calidad de las personas va en contra del principio de igualdad", así que "tiene que haber menos aforamiento, no más". Asimismo, ha ironizado con la "casualidad" que le parece que Ruiz-Gallardón se plantee un cambio en esta cuestión tras la imputación de la hija del Rey.

Sin embargo, el presidente de la APM ha calificado de "absolutamente acertada" la decisión relativa a la Reina y los Príncipes de Asturias porque representan a una institución "de alto valor para la nación" y por ello los pronunciamientos judiciales que les afecten deben ser "sólidos" y "sin ninguna posibilidad de modificación ulterior". Además, ha apoyado que se vaya a reducir el aforamiento en determinados cargos públicos porque era algo que estaban "reclamando" los ciudadanos.

Asociaciones fiscales sorprendidos por la retirada de la figura del fiscal instructor

La Unión Progresista de Fiscales (UPJ) y la Asociación Independiente de Fiscales (AIF) han manifestado este viernes su "sorpresa" por el aspecto del Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que contempla que sean tres los magistrados que instruyan los asuntos que entran en la Audiencia Nacional y los casos que por su extraordinario volumen, duración o complejidad se investiguen en otros órganos penales. Se preguntan si supone la renuncia, por parte del Ministerio de Justicia, de la creación de la figura del fiscal instructor prevista en la anunciada reforma procesal.

El portavoz de la UPF, Álvaro García Ortiz, ha calificado de "extraordinaria sorpresa" la propuesta y ha afirmado que no conoce a "nadie en el ámbito fiscal" a quien se le haya consultado.

Para García Ortiz no tiene sentido primar la fase de enjuiciamiento y darle la instrucción al fiscal, tal y como parecía prever la anunciada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y a la vez reforzar a los jueces de instrucción. "Parece contradictorio, nos ha descolocado un poco", ha afirmado en declaraciones a Europa Press.

Por su parte, y dada esta contradicción, la portavoz de la AIF, Lucía Girón, se ha referido a esta solución como "transitoria". En términos generales, esta asociación ve como positivo que se refuerce el número de instructores por caso dada la complejidad de algunos asuntos, porque puede "suponer una mayor agilización de los mismos" y especialmente el lo que suponga la adopción de medidas restrictivas de derechos fundamentales, como pueden ser las órdenes de registro o de prisión provisional de los investigados. (EUROPA PRESS)