La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado por unanimidad, como proponía el Servicio de Inspección de este órgano, la investigación abierta para determinar la posible responsabilidad disciplinaria de cinco magistrados cuyos nombres aparecían en una pieza separada de la "Operación Malaya" en relación con regalos ofrecidos por la promotora investigada.

El portavoz del órgano de Gobierno de los jueces, Enrique López, explicó que el archivo de las actuaciones se había producido al no haberse encontrado ningún tipo de responsabilidad de los magistrados implicados, ya que tres de los mencionados nunca recibieron regalos, porque los rechazaron y a otros dos les fueron entregados por un familiar, de forma independiente a su condición de juez. Además, López transmitió "un mensaje de absoluta tranquilidad a la sociedad española", y dijo ser consciente de la inquietud que este tipo de noticias genera.

El informe del inspector jefe del CGPJ, José María Gil Sáez, concluía que "no existe dato alguno capaz de sustentar fácticamente" las afirmaciones contenidas en varias noticias periodísticas que, tras levantarse el secreto que pesaba sobre el sumario abierto por la "Operación Malaya", informaron de regalos realizados por Aifos a determinados miembros de la Carrera Judicial. Tras examinar los documentos remitidos a tal efecto por el juez del caso, Miguel Ángel Torres, así como los informes remitidos por los magistrados citados, el inspector afirmaba que "en ninguno de los casos contemplados la empresa Aifos les ha obsequiado con regalos o invitación alguna".

Nota de prensa de los jueces

En una nota de prensa conjunta emitida por la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, los jueces y magistrados expresan su preocupación por la difusión pública de "hechos de apariencia delictiva sin contrastar suficientemente la información erosiona la independencia judicial que es una garantía constitucional de todos los ciudadanos, y lesiona injustificadamente el prestigio profesional y la honorabilidad de los magistrados afectados" a lo que añade son actuaciones "que deben denunciarse claramente y con contundencia".