El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social.
Según la reseña del Consejo, esta norma regulará el nuevo procedimiento por el que la Seguridad Social liquidará directamente a las empresas las obligaciones de cotización. Con este sistema los empresarios dispondrán todos los meses de un cálculo individualizado de las cuotas sociales para cada trabajador.
Se trata de un medio de facturación directa que permitirá establecer un control integrado de la recaudación basado en el cálculo previo por parte de la Administración de las cuotas de Seguridad Social para cada uno de los trabajadores de las empresas.
El objetivo es optimizar la información facilitada a empresas y trabajadores, prevenir posibles situaciones irregulares de cotización y facilitar el pago de cuotas por medios telemáticos.
Para la Seguridad Social supondrá manejar datos de alrededor de trece millones de trabajadores de las más de 1,3 millones de empresas a las que gestionará la facturación directa, con un volumen de recaudación de 8.600 millones de euros.
Para las empresas supondrá ahorro de trámites y la prevención de situaciones erróneas en la cotización. La liquidación incluirá todas las bonificaciones o reducciones a que tenga derecho. Además, supone una importante reducción de cargas administrativas: se simplifica la obligación de cotizar y el procedimiento de pago es totalmente on line.
En el caso de los trabajadores, dispondrán de un dato cierto de cotizaciones que les permitirá conocer con la máxima precisión la cobertura de las prestaciones, ya que no hay margen para el error.
El nuevo sistema de facturación estará plenamente integrado en Internet, lo que permitirá la eliminación del papel como soporte y requerirá menos desplazamientos a las oficinas de la Seguridad Social.
Asimismo, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá conocer anticipadamente la recaudación mensual por cotizaciones, lo que le permitirá tomar las decisiones más ventajosas a efectos financieros, entre otros.
La previsión es que el sistema de facturación directa que figura en el Proyecto de Ley aprobado en el Consejo de Ministros comience a introducirse durante el último trimestre de 2014, empezando por el Régimen General, y que se vaya ampliando gradualmente hasta su completa implantación.
Más transparencia e información
El nuevo sistema de liquidación supondrá para los empresarios el conocimiento exacto del detalle de las cuotas calculadas por la Tesorería General de la Seguridad Social por cada trabajador. La factura incluirá también aspectos esenciales como la correcta aplicación de bonificaciones, exenciones o minoraciones en el tipo que se pudiera aplicar a los trabajadores de la empresa.
Además, se abre la posibilidad de que en el futuro los trabajadores puedan conocer el detalle de su cotización y comprobar si se ha realizado realmente el ingreso de la misma.
Por otro lado, se pondrán a disposición nuevos servicios para mejorar la información y agilizar la gestión de la cotización de las empresas. Ejemplo de ello serán los informes de cotización de todos los trabajadores de la empresa y los informes de vida laboral para trabajadores y empresas.
Procedimiento
El procedimiento se inicia cuando la Tesorería General de la Seguridad Social notifica a las empresas que cumplen los requisitos establecidos para unirse al sistema de liquidación directa. Una vez incorporada la empresa (a partir del primer día del mes siguiente al de la recepción de la notificación), el sistema estará operativo desde del tercer mes natural siguiente.
La empresa deberá entonces solicitar a la Tesorería el cálculo de la liquidación de cuotas de sus trabajadores entre los días primero y penúltimo natural del plazo reglamentario de ingreso.
Finalmente, el empresario ingresará la factura mediante cargo en cuenta o pago electrónico.
Ahorro anual de 63,4 millones para los administrados
El resultado de la aplicación de esta nueva norma supondrá un ahorro neto de 63,4 millones de euros anuales para las empresas, por las menores cargas administrativas.