Los organismos, entidades, colectivos y personas interesadas que lo deseen pueden formular desde este miércoles y por un plazo de 45 días naturales las aportaciones que estimen oportunas al anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía, una norma que universaliza el acceso al Sistema Público de Servicios Sociales y garantiza la atención prioritaria en casos de urgencia personal, familiar y social, al tiempo que blinda las prestaciones sociales básicas exigibles por la ciudadanía.
Se trata del trámite de exposición pública preceptivo tras la aprobación el pasado 22 de julio por parte del Consejo de Gobierno del citado anteproyecto de Ley y de manera previa a su remisión al Parlamento andaluz. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó este martes la resolución por la que se acuerda someter a información pública el anteproyecto, proceso que queda abierto con la finalidad de recoger las alegaciones de cualquier entidad o persona que desee realizarlas.
De este modo, durante 45 días naturales el texto del anteproyecto de ley estará disponible en las dependencias de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias, situada en Avenida de Hytasa, número 14, en Sevilla, así como en las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en horario de 09.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes.
Asimismo, podrá consultarse el texto del anteproyecto de ley de Servicios Sociales de Andalucía en la página web de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales http://www.juntadeandalucia.es/salud yhttp://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadsaludypoliticassociales.html .
Según el departamento que dirige María José Sánchez Rubio, la futura ley, que sustituirá a la vigente desde 1988, considera como personas beneficiarias del sistema a todas aquellas de nacionalidad española con residencia en la comunidad autónoma, las extranjeras empadronadas y residentes, los andaluces y las andaluzas en el exterior y, en su caso, a todas aquellas que, encontrándose en Andalucía, sufran alguna situación de extrema urgencia personal, familiar o social.
El anteproyecto establece como finalidad básica las de prevenir, dar cobertura y atender las necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su medio, mejorar su bienestar y garantizar el derecho a una vida digna, protegiendo de manera especial y urgente a las que se encuentran en situación de abandono, exclusión social o gran necesidad.
NOVEDADES
Una de las principales novedades del texto es el reconocimiento del derecho del usuariO a la libre elección del tipo y modalidad de servicio más adecuado de entre los disponibles, así como a renunciar al mismo si lo desea. Del mismo modo, se recoge la opción de que cada persona pueda expresar su voluntad anticipada de recibir un determinado recurso en previsión de situaciones futuras de incapacidad.
Igualmente, el anteproyecto recoge el derecho del usuario a tener asignado un profesional de referencia que dé continuidad e integralidad a su atención, también en su domicilio si fuera preciso. Este trabajador, que funcionará como primer nivel de interlocución para el grupo de población asignado, dotará a los usuarios de las herramientas y habilidades para que tomen sus propias decisiones y se encargará de valorar, planificar, coordinar y garantizar la adecuada atención a la ciudadanía. Junto con este derecho, también se incluye el derecho a disponer de información veraz, suficiente y fácilmente comprensible.
CATÁLOGO DE PRESTACIONES GARANTIZADAS
La segunda gran novedad del anteproyecto es el establecimiento de un catálogo de prestaciones garantizadas, que serán exigibles por parte de la ciudadanía y tendrán la consideración de derecho subjetivo. Formarán parte de esta lista, al menos, los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento; los programas de atención social y su seguimiento; la teleasistencia; la atención en urgencia social; los servicios específicos de protección de menores en situaciones de riesgo o desamparo; las prestaciones económicas específicas y directas contra la exclusión y para la erradicación de la marginación y la desigualdad; la protección jurídica y social de personas con capacidad limitada, y las prestaciones ligadas a la dependencia.
Junto a este catálogo, el anteproyecto prevé la elaboración de otro con las denominadas prestaciones condicionadas, que se proporcionarán en función de las necesidades que se detecten y según la disponibilidad de recursos.
Por otra parte, la norma recoge la creación de la Historia Social Digital, denominada RESISOR (Regional Single Social Record), que permitirá una mayor coordinación de los datos disponibles con el objetivo de facilitar una mejor atención integral y de calidad a la persona usuaria. Con este instrumento se avanzará en la coordinación con los servicios que presta el Sistema Sanitario Público de Salud. De igual modo, también se creará la tarjeta social electrónica para garantizar la igualdad en el acceso y la universalidad del sistema.
La nueva normativa desarrollará los derechos recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía y armonizará la aplicación en Andalucía de Ley de la Dependencia (la comunidad concentra actualmente el 24 por ciento de todas las prestaciones del conjunto de España y el 22 por ciento de los beneficiarios). Otra de sus previsiones es la elaboración del Mapa de Servicios Sociales de Andalucía, que favorecerá la coordinación entre los recursos del sistema social y del sanitario.
Asimismo, la futura ley introducirá por primera vez la perspectiva deontológica con la creación del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía y la previsión de elaborar un código de ética profesional y otro para los proveedores del Sistema Público de Servicios Sociales.
