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06/10/2014 04:22:00 Redacción NJ Tasas judiciales 16 minutos

Lo esencial sobre las tasas judiciales

Recopilación de los principales aspectos de esta controvertida figura.

El Consultor Jurídico continúa recogiendo, en su serie "Los Esenciales", interesantes recopilaciones de los principales aspectos de cuestiones de gran interés para los profesionales del Derecho.

En esta ocasión el tema ha elegido las tasas judiciales, una materia que ha suscitado mucho rechazo y controversia entre abogados, jueces y fiscales, pero pora ahora sigue formando parte de la realidad cotidiana de nuestros tribunales.

Establecidas por la Ley 10/2012, de 22 de noviembre, y conceptualmente avaladas por el Tribunal Constitucional (" es constitucional subordinar la prestación de la actividad jurisdiccional en el orden civil al abono de unas tasas judiciales por la interposición de la demanda", STC 20/2012), esta misma sentencia establece que la cuantía de las tasas no debe impedir u obstaculizar de manera desproporcionada el acceso a la jurisdicción.

Y precisamente esta "desproporción" es uno de sus aspectos más criticados, pues, pese a su elevada cuantía, no tiene en cuenta el nivel económico del litigante, instaurando una suerte de "justicia para ricos".

En la actualidad las tasas judiciales se encuentran pendientes tanto de las decisiones al respecto que el nuevo ministro de Justicia ha anunciado que tomará, como por la esperada sentencia del Tribunal Constitucional en respuesta a los recursos de inconstitucionalidad y la cuestión de inconstitucionalidad interpuestos contra ellas.

En tanto llegan estas decisiones, esto es lo más relevante de las tasas judiciales.

Lo esencial sobre las tasas judiciales

1. En qué casos debe pagarse la tasa y en cuáles no

La delimitación de los actos procesales que suponen obligación de pago de la tasa, supuestos de no sujeción, exenciones objetivas y subjetivas lleva a plantearse muchas cuestiones. Por ejemplo, ¿están exentas del pago de las tasas las comunidades de propietarios?

En el orden jurisdiccional civil, el hecho imponible de esta tasa lo constituye el ejercicio de la potestad jurisdiccional, a instancia de parte, originada por el ejercicio de los siguientes actos procesales:

 La interposición de la "demanda" en toda clase de procesos declarativos.

la Sala I TS reunida en Pleno, en auto de 4 de marzo de 2014, concluyó que no procede considerar incluidos los procedimientos para la revisión de sentencias firmes dentro del concepto de procesos declarativos de "toda clase" y, por tanto, no resulta exigible la tasa en tales procedimientos, como por su parte ha entendido también la Dirección General de Tributos en consulta vinculante V3669-13 de 26 de diciembre.

 La formulación de reconvención en toda clase de procesos declarativos.

 La petición inicial del proceso monitorio y del proceso monitorio europeo.

Ahora bien, si hay oposición en el monitorio pueden producirse dos situaciones: 1) que se siga juicio ordinario, en cuyo caso se descontará de la tasa la cantidad ya abonada en el proceso monitorio (art. 7.1 L Tasas); 2) que se siga juicio verbal, en cuyo caso continúa la tramitación sin interposición de demanda y por ello no se produce hecho imponible de la tasa y, en consecuencia, no procede su exigencia (Consulta Vinculante V1308-10, de 10 de junio de 2010).

 La solicitud de concurso necesario y la demanda incidental en procesos concursales.

 La interposición de recursos de apelación contra sentencias (no contra los autos).

Por lo tanto, no constituye hecho imponible de la tasa la interposición de recurso de apelación contra resoluciones que, de acuerdo con la ley procesal, deben adoptar la forma de auto (vid. Consulta Vinculante V2329-12, de 10 de diciembre de 2012: "el principio de prohibición de la analogía en el ámbito tributario impide la aplicación de esa norma a los supuestos de Autos sino exclusivamente a sentencias, siendo irrelevante el procedimiento que va a dar lugar al recurso de apelación contra un determinado Auto judicial"). Los supuestos más importantes son:

- Autos definitivos, entendiéndose por tales los que ponen fin al proceso, dejando imprejuzgada la pretensión procesal:

 Autos que aprecian la falta de concurrencia de presupuestos procesales o la concurrencia de impedimentos procesales (arts. 9, 36, 37, 38, 66, 48, 403, 439, 418.2, 420.4, 421.1, 422.2, 423.3, 424.2,443.3; 391 y 393.5 LEC).

 Autos que acuerdan la terminación del proceso a causa de hechos jurídicos y actos procesales de parte: homologación judicial de la transacción (arts. 19.2 y 415.2 LEC); desistimiento (art. 20.3 LEC); satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto (art. 22.1 y 3 LEC); caducidad (arts. 237.2 y454.bis.3 LEC); allanamiento parcial (art. 21.2 LEC).

- Autos que la ley expresamente señala como apelables:

 Auto que acuerda la suspensión del proceso por prejudicialidad (arts. 41.2 y 43 LEC).

 Auto que resuelve sobre el modo de reconstrucción de los autos o la imposibilidad de reconstruirlos (art. 235.4 LEC).

 Auto denegatorio de diligencia preliminares (art. 258.2 LEC).

 Auto estimatorio de la oposición a diligencias preliminares (art. 260.4 LEC).

 Auto que acuerda o deniega medidas cautelares (arts. 735, 736, 741 LEC).

 Auto que resuelve sobre internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico (art. 763.3 LEC).

 Auto que acuerda medidas que se apartan de los términos del convenio propuesto por los cónyuges (art. 777.8 LEC).

Algunos fenómenos llamativos de intervención procesal distintos de los expresamente previstos en la Ley, como pueden ser las contestaciones que no incluyan pretensión reconvencional, quedan fuera de las previsiones expresas de aplicación de las tasas, por lo que se deberán considerar como casos de no sujeción a las mismas.

El art. 3 L Tasas (en la modificación recibida por el Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero), aclara por otra parte que se entenderá que se realiza un único hecho imponible cuando en el escrito procesal que constituye el hecho imponible se acumulen varias acciones principales que no provengan de un mismo título. Aunque en tal caso, para el cálculo del importe de la tasa que se ha de abonar, se sumarán las cuantías de cada una de las acciones objeto de acumulación. Existe, pues, un único hecho imponible, aunque la cuantía global de las acciones acumuladas sea tenida en cuenta a efectos de la fijación de la tasa.

Nótese que el caso aludido es el de "acumulación de acciones", no de acumulación de procesos, que recibe un tratamiento diferente. De hecho, este último fenómeno de la acumulación de procesos da lugar a una devolución del 20% en la cuota de las tasas y se tramita a través del "modelo 695" de la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre.

2. Cómo se calcula la tasa

¿Cómo se determina la cuantía de los recursos de apelación contra sentencias y de los recursos extraordinarios a efectos de fijar la base imponible de la tasa? La determinación de la cuota tributaria sobre la base imponible aplicable, consta de una parte fija y otra variable:

2.1. Cantidad fija

Se determina, en función de cada clase de proceso, por la siguiente tabla:

Verbal y cambiario

Ordinario

Monitorio, monitorio europeo y demanda incidental en el proceso concursal

Ejecución extrajudicial y oposición a la ejecución de títulos judiciales

Concurso necesario

Apelación

Casación y extraordinario por infracción procesal

150 €

300 €

100 €

200 €

200 €

800 €

1.200 €

Cuando después de la oposición del deudor en un monitorio se siga un proceso ordinario se descontará de la tasa la cantidad ya abonada en el proceso monitorio.

2.1. Cantidad variable.

En su primer redactado, la Ley 10/2012 articulaba, junto a la cantidad fija ya dicha, otra variable de carácter único.

En la actualidad, tras la reforma del art. 7 de la Ley por el Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero, se han establecido dos tipos de gravamen distintos que se aplicarán sobre la base imponible.

a) Personas jurídicas.

Cuando el sujeto pasivo es persona jurídica se satisfará, además de la cantidad fija ya dicha, la que resulte de aplicar a la base imponible (cuantía litigiosa) el tipo de gravamen que corresponda, según la siguiente escala:

DE

A

TIPO

MAXIMO

0

1.000.000

0,5%

 

 

RESTO

0,25%

10.000 euros

b) Personas físicas.

Cuando el sujeto pasivo sea persona física se satisfará, además de la suma fija que corresponda, la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible de la tasa (cuantía litigiosa) un tipo del 0,10 por ciento, con el límite de cuantía variable de 2.000 €.

3. Cómo pagar menos tasas judiciales

¿Cabe solicitar devolución en caso de desistimiento del proceso? ¿Se aplica bonificación por la utilización de la Plataforma Lexnet?

3.1. Empleo de medios telemáticos

La tasa judicial puede ser, en primer término, objeto de bonificaciones en la cuota por la utilización de medios telemáticos en la presentación de los escritos procesales que constituyen el hecho imponible de la tasa y en el resto de las comunicaciones con los juzgados y tribunales. Se configura así como una clara medida de fomento positivo de la incorporación gradual de estos medios telemáticos por parte de los distintos profesionales.

El art. 10 de la Ley establece una bonificación del 10 por ciento para los supuestos en que se utilicen medios telemáticos en la presentación de los escritos que originan la exigencia de la misma y en el resto de las comunicaciones con los juzgados y tribunales en los términos que establezca la ley.

Tal sería el caso de la utilización de la Plataforma Lexnet al amparo del Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, sobre implantación en la Administración de Justicia del sistema informático de telecomunicaciones Lexnet para la presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos (Consulta Vinculante V0483-13, de 19 de febrero de 2013).

3.2. Acumulación de autos

Una reducción ex post de la cuota de la tasa, que dará lugar a devolución, es la referente a la acumulación de procesos (también llamada "acumulación de autos"), acordada con posterioridad a la autoliquidación acompañada al acto que constituye hecho imponible.

El art. 8.6 de la Ley establece que los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución del 20 por ciento del importe de la cuota de la tasa cuando se acuerde una acumulación de procesos, aunque ello en ningún caso dará lugar al devengo de intereses de demora.

Este derecho a la devolución parcial de la cuota beneficia a cada uno de los sujetos pasivos y se aplica a las cuotas tributarias autoliquidadas y pagadas por cada uno de ellos al presentar las respectivas demandas, que iniciaron procesos diferenciados, y en virtud de la acumulación, se seguirán en un solo procedimiento (art. 74 LEC).

En todo caso, al establecer esta bonificación parece claro que la ley considera un beneficio para el adecuado funcionamiento de la Justicia el que se produzcan esta clase de acumulaciones.

En este sentido, opina ORTELLS RAMOS igualmente aplicable esta bonificación a las cuotas tributarias devengadas por la interposición de recursos de apelación contra sentencias, en base a la identidad de razón que se produce en ambos casos, ya que esos recursos deben ser acumulados: i) Aunque la LEC no establezca respecto de los recursos de apelación contra la misma sentencia interpuestos por diferentes partes procesales, una disposición expresa de acumulación como la formulada por la DF 16.1.4.ª LEC, los recursos de apelación interpuesto por los diferentes recurrentes son tratados a través de un único procedimiento, no un recurso a continuación de otro, ni ambos simultáneamente en procedimientos separados. Y eso ocurre, no solamente por trámite de la impugnación adhesiva (art. 461.1 y 2 LEC), sino también en los supuestos de recursos principales de apelación interpuestos por diferentes partes contra la misma sentencia; (ii) El derecho a la devolución parcial de la cuota está fundado también en el caso de la acumulación de recursos de apelación porque, como ocurre en la primera instancia, la acumulación conduce al tratamiento de todos los recursos en un único procedimiento y, consiguientemente, permite economizar actividad judicial de dirección y de resolución.

Tales bonificaciones se articulan como solicitudes de devolución (no se olvide que, por lo general, antes de que se acuerde la acumulación de procesos ya se ha producido el devengo de las tasas, de modo que procederá una devolución parcial) y se instrumenta a través del modelo 695. Se regula en la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre.

El plazo para formular la solicitud de devolución es el de cuatro años a contar desde las fecha de la resolución (Auto) judicial que acuerde aquella acumulación.

Transcurridos seis meses desde la presentación de la solicitud sin que la Administración haya ordenado su pago, la cantidad debida devengará el interés de demora previsto en el art. 26 LGT.

3.3. Finalización anticipada de los litigios

Se efectuará una devolución del 60% del importe de la cuota de la tasa (cuantía relevantísima), aunque en ningún caso dará ello lugar al devengo de intereses de demora, cuando, en cualquiera de los procesos cuya iniciación dé lugar al devengo de este tributo, tenga lugar el allanamiento total o se alcance un acuerdo que ponga fin al litigio.

La novedad que introduce la modificación legal operada por el RDL 3/2013 es que se prevé la devolución del 60 % de la tasa no solo en los casos de solución extrajudicial, sino en los supuestos en que tenga lugar el allanamiento total o se alcance un acuerdo que ponga fin al litigio.

4. Qué ocurre si no se paga la tasa

¿La posibilidad de subsanación del requisito legal se refiere a la falta de pago de la tasa o sólo a su acreditación? ¿La ausencia de subsanación, tras el requerimiento del Secretario judicial, dará siempre lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento? ¿Debe ocuparse de ello el Ministerio de Justicia a través del Secretario Judicial o el de Hacienda vía las agencias tributarias?

Consecuencias del impago de la tasa en función de cada situación procesal, y posibilidades de subsanación.

5. Supuestos dudosos resueltos por la DGT

Exponemos a continuación agunas de las cuestiones resueltas por la Dirección General de Tributos relativas a la aplicación de las tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, a partir de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, sin otra sistemática que seguir un orden alfabético de conceptos jurídicos :

Acumulación de acciones

En los supuestos de acumulación de recurso contencioso-administrativo a otro anterior, al ser los mismos hechos y fundamentos de Derecho, no hay que abonar la cantidad fija de la cuota tributaria por la segunda interposición, al ser su cuantía la misma que la primera, sino sólo la parte variable, pudiéndose hacer una liquidación complementaria de la que se hizo al inicio del proceso al que se acumulan las nuevas acciones. (Consulta Vinculante V1105-14, de 15 de abril de 2014)

Apelación

Conforme al art. 2 e) de la Ley 10/2012 no constituye hecho imponible de la tasa la interposición de recurso de apelación contra autos, siendo irrelevante el procedimiento que va a dar lugar al recurso de apelación contra un determinado Auto judicial. (Consulta Vinculante V2329-12, de 10 de diciembre de 2012)

La oposición a un recurso de apelación no figura entre los supuestos constitutivos del hecho imponible de la tasa conforme al art. 2 de la Ley 10/2012. (Consulta Vinculante V0333-13, de 5 de febrero de 2013)

Juicio verbal civil iniciado antes de la entrada en vigor de la Ley 10/2012. Los actos procesales iniciados antes de su entrada en vigor no están gravados con la Tasa. Los actos posteriores a esa vigencia quedan gravados si se trata de supuestos que constituyen el hecho imponible de la tasa. El recurso de apelación contra la sentencia que decida sobre el juicio verbal sí se encuentra gravado (art. 2 e) de la Ley 10/2012). (Consulta Vinculante V1254-13, de 15 de abril de 2013)

Recurso de apelación contra parte de los pronunciamientos de una sentencia. La tasa a abonar está constituida por una parte fija de 800 euros, a la que se suma otra variable en atención a la cantidad que efectivamente se reclame sobre al que se aplica un porcentaje del 0,5% cuando el recurrente sea una persona jurídica y del 0,1% cuando sea una persona natural. (Consulta Vinculante V1405-13, de 24 de abril de 2013)

Recurso de apelación en nombre de dos codemandados. Dado que la actividad jurisdiccional es única, tramitándose en un solo procedimiento, solo procederá la exigencia de una tasa, con independencia de que resulten obligados a su pago quien o quienes adquieran la condición de sujeto pasivo al promover dicha actividad. (Consulta Vinculante V1999-13, de 14 de junio de 2013).

No genera derecho a exención de la tasa judicial el recurso de apelación presentado contra sentencia sobre acto administrativo presunto. (Consulta Vinculante V3593-13, de 12 de diciembre de 2013).

No procede devolución de la tasa en caso de sentencia en recurso de apelación que declara la nulidad de la sentencia apelada. (Consulta Vinculante V0228-14, de 30 de enero de 2014).

El escrito de impugnación de la sentencia apelada (art. 461 LEC) no está sujeto al pago de la tasa judicial. (Consultas Vinculantes V1019-14, V1020-14 y V1023-14, de 10 de abril de 2014).

Procedencia de exigencia de la tasa en el recurso de apelación contra Sentencia dictada en juicio verbal a que se refiere el art. 809.2, párrafo primero LEC. (Consulta Vinculante V1534-14, de 11 de junio de 2014).

Asociaciones sin ánimo de lucro

Asociación sin ánimo de lucro inscrita en el Registro de Asociaciones del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya que actúa en defensa de los consumidores y usuarios. No existe exención objetiva ni subjetiva que ampare a la Asociación, por lo que queda sujeta al pago de la tasa por el ejercicio de los actos procesales previstos en la Ley. (Consulta Vinculante V1954-13, de 11 de junio de 2013.)

Auto de cuantía máxima

No sujeta a tasa judicial la demanda ejecutiva del auto de cuantía máxima. (Consulta Vinculante V2532-13, de 29 de julio de 2013).

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