El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha mostrado este martes más proclive a ajustar la actual Ley de Tasas para lograr un sistema "proporcionado y equilibrado" que a derogarla. A su juicio, deben introducirse "elementos de colaboración y copartición de los costes para aquellos que son unos usuarios cualificados", aunque todo ello está aún bajo estudio.
Así se ha manifestado el titular de Justicia durante su primera intervención pública tras la toma de posesión del cargo, tras clausurar XXV Congreso Internacional de Arbitraje.
"Vamos a estudiar la aplicación de la Ley de Tasas, y por lo tanto vamos a evaluar el impacto que está teniendo y en la medida que los operadores jurídicos y el conjunto de la comunidad jurídica valoremos la conveniencia de su ajuste lo tendremos en consideración", ha manifestado.
Sobre la posibilidad de retirar la Ley, el nuevo ministro de Justicia ha dicho que él trabajó en 2003 en un Gobierno que implantó las tasas y cree "razonable" que exista un sistema de tasas "proporcionado, equilibrado y que en ningún caso evite el acceso a la Justicia, por supuesto, pero que sí introduzca un elemento de colaboración y co-partición de los costes para aquellos que son unos usuarios cualificados"
"Vamos a estudiarlo, el sistema actual y en su caso a proponer las mejoras que el sistema necesite", ha insistido ante las preguntas de los periodistas.
Catalá ha elegido para estrenarse en la escena pública la clausura del XXV Congreso Internacional sobre Arbitraje convocado por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA). En su intervención, ha transmitido en primer lugar a todos los asistentes su "sincera voluntad de diálogo por alcanzar acuerdos para promover una Justicia más ágil y eficaz, al servicio del progreso de España".
Esta voluntad, ha manifestado, "no es incompatible con la firmeza a la hora de sacar adelante aquellas iniciativas irrenunciables para alcanzar un objetivo demandado desde todos los sectores sociales y económicos".
Vigencia de la cultura del arbitraje
El ministro ha recordado su etapa como secretario de Estado de Justicia, durante la cual, gracias al Pacto de Estado por la Justicia suscrito en 2001, pudo aprobarse la actual Ley de Arbitraje, que experimentó alguna reforma posterior.
Catalá ha destacado igualmente la absoluta vigencia de la práctica del arbitraje en un entorno en el que las relaciones comerciales entre empresas o entre empresas y consumidores o usuarios se han multiplicado exponencialmente y se han deslocalizado. "El desafío consiste --ha indicado el ministro-- en consolidar una nueva cultura de resolución de conflictos", por lo que se ha mostrado dispuesto a reforzar todos aquellos aspectos que entran en el ámbito de competencia del Ministerio para fortalecer la institución del arbitraje.
.En la actualidad, según los datos facilitados por el ministro, la Administración de Justicia registra un total de 8,6 millones de asuntos anuales.
"Hay que insistir --ha subrayado Catalá-- en que el arbitraje y la mediación ofrecen esa solución rápida y especializada que demandan una sociedad y una economía avanzadas. Son alternativas y complemento de la Administración de Justicia con una innegable dimensión de servicio público".
Por último, el ministro de Justicia ha resaltado la excelente labor realizada por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA) durante sus 25 años de existencia, "fruto de la iniciativa privada, de la voluntad de la sociedad civil, de los juristas y abogados que decidieron constituirse en Corte arbitral en 1988, del trabajo bien hecho desde entonces por unos árbitros y unos profesionales serios y rigurosos que les ha situado a la vanguardia jurídica, tal y como se les reconoce dentro y fuera de nuestro país", ha concluido. (EUROPA PRESS)
