Los ministros de Justicia de los 28 han debatido este viernes las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 13 de mayo de 2014 (asunto C-131/12, Google Spain) que reconoce la existencia de un denominado derecho al olvido en Internet, y han avisado de que éste no puede ser en ningún caso "absoluto" y debe conjugarse con la libertad de expresión.
La mayor parte de los ministros han descartado regular en detalle a escala europeo el "equilibrio adecuado" entre estos dos derechos y han apostado por decidir caso por caso y a nivel nacional cuál de los dos debe prevalecer, teniendo en cuenta las distintas tradiciones constitucionales. No obstante, varios países han reclamado directrices comunes a escala de la UE.
El fallo en cuestión del Tribunal de Justicia, que se hizo público el pasado mes de mayo, reconoce el derecho de los ciudadanos a pedir a un buscador que borre los enlaces a información personal que ya no es pertinente, aunque sea cierta y pública.
La sentencia señala que el interesado debe presentar su solicitud directamente al motor de búsqueda, que debe examinar si es fundada examinando el equilibrio entre el derecho a la información y el derecho a la privacidad. Cuando el responsable del tratamiento no acceda a lo solicitado, la persona afectada podrá acudir a la agencia de protección de datos o a los tribunales.
"El derecho al olvido, lejos de ser un derecho absoluto, debe tener un alcance limitado", ha dicho el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, en el debate público sobre esta cuestión. "El reconocimiento del derecho al olvido en los términos en los que lo ha hecho el Tribunal de Justicia no resulta en modo alguno incompatible con el pleno reconocimiento de las libertades de expresión y de información y su carácter prevalente en las sociedades democráticas", ha resaltado.
También la ministra de Justicia francesa, Christiane Taubira, ha abundado en que "el derecho al olvido no puede ser un principio absoluto y debe confrontarse con las necesidades de la libertad de expresión y la libertad de prensa". Taubira ha señalado que son los jueces los que deben dirimir estos conflictos porque son "los garantes de los derechos fundamentales".
Para el representante polaco, Wojciech Wegrzyn, "el Tribunal se centra excesivamente en proteger la privacidad y parece tratarla como algo superior a la libertad de información". "Para nosotros esto podría ser un precedente peligroso para el futuro y podría afectar negativamente a la libertad de expresión", ha denunciado.
Por su parte, el representante irlandés ha reclamado ser "cuidadosos porque existe la percepción preocupante de que la libertad de expresión está amenazada en la UE". También ha avisado de que los motores de búsqueda pueden optar por la "opción fácil" del "borrado masivo" de datos.
"Existe un riesgo real de que los motores de búsqueda decidan borrar los datos en la mayoría de los casos y eso no sería un resultado deseable. Ese es el peligro", ha coincidido el representante de Bélgica, François Roux.
En lo que han estado de acuerdo todos los ministros es en descartar trasladar de forma automática el contenido de la sentencia del caso 'Google España' al nuevo reglamento de protección de datos que prepara la UE. La opinión mayoritaria es que los conflictos deben dirimirse caso por caso en los tribunales nacionales.
"Debemos permitir cierto margen a nuestros tribunales y no debemos perder de vista las constituciones nacionales", ha apuntado el ministro holandés de Justicia, Ivo Opstelten.
En contraste, en opinión del representante de Letonia, Janis Iesalnieks, es necesario que la UE proporcione directrices sobre "cómo garantizar el equilibrio entre los intereses privados y públicos" y garantizar así una interpretación armonizada y mayor seguridad jurídica.
Alcance de la sentencia de 13 de mayo
En una reciente intervención, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, José Luis Rodríguez, realizó recientemente unas declaraciones en las que destacaba que en realidad esa expresión “derecho al olvido” es equívoca. No se trata de un nuevo derecho, porque esta sentencia no ha venido a reconocer un derecho nuevo a los ciudadanos, sino que ha establecido que los ya existentes derechos de oposición y cancelación, que ya estaban en la Directiva 95/46/CE, también pueden ejercerse frente a los buscadores de internet.
Igualmente, destacó que el alcance de este denominado derecho al olvido que establece la sentencia es muy limitado: pues solo afecta a las búsquedas realizadas por el nombre de una persona y respecto de informaciones que carezcan de relevancia e interés público. No afecta a personas públicas ni a aquellas relacionadas con hechos noticiables. (EUROPA PRESS y Redacción)
