Según el Ejecutivo madrileño, esta normativa "supone una flagrante intromisión en las competencias autonómicas de vivienda", ya que considera que la Administración central "no puede desarrollar políticas de vivienda".  La  presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre,  explicó que el recurso se basa en que "el Gobierno de la nación no puede invadir nuestras competencias, puesto que las leyes y el Tribunal Constitucional han determinado que en materia de suelo y vivienda somos competentes las comunidades autónomas y los ayuntamientos, pero no el Ejecutivo central".

Por otro lado, se aduce que la ley elaborada por el Ministerio de Vivienda establece en el 30% la reserva obligatoria de suelo para vivienda de protección oficial (VPO), frente al 50% que fija la norma aprobada por la Comunidad de Madrid.