El anuncio del presidente del Gobierno de que el Consejo de Ministros de hoy aprobará por Real Decreto la incorporación de 300 jueces, como medida especial para luchar contra la corrupción, no crea en realidad nuevos juzgados, sino que se limita a regularizar la situación de los más de 300 jueces que ya llevan bastante tiempo incorporados, pero que se encuentran en la irregular situación de expectativa de destino, por no tener un órgano judicial propio y encontrarse reforzando otros juzgados. Es decir, no se va a incorporar ningún juez más de los que ya existen y el Decreto únicamente regulariza esta situación a efectos administrativos.

Así se ha manifestado el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, en una declaración difundida hoy.

Según el mismo portavoz. de acuerdo con la línea de los recortes aplicados, durante los últimos tres años no se ha creado ningún juzgado, por lo que al haber más de 300 jueces que habían aprobado previamente las oposiciones, estos carecían de un destino definitivo en el que ejercer sus funciones, estando destinados de forma provisional en lo más variados órganos judiciales.

Con esta medida que se acaba de anunciar, lo que se hace, según esta asociación judicial, es incorporarlos a una nueva plantilla para regularizar administrativamente su situación.

Este Decreto fue impulsado por Gallardón antes del verano y remitido para informe en septiembre al CGPJ, para ser aprobado ahora, sin que tenga nada que ver con la corrupción. De hecho, en la propia introducción del Decreto se indica con claridad que esta adecuación de plantilla no va a costar ni un euro y que solo pretende regularizar dicha situación. Y se puede comprobar que no se crea ni un solo juzgado nuevo. La única alusión a la corrupción es que se amplía la plantilla en dos magistrados en la Audiencia Nacional; en todo caso, 2 magistrados nuevos sobre un total de 5.000 jueces resulta irrisorio para actuar contra la corrupción. La mayoría de la adecuación de la plantilla no guarda relación con el ámbito penal, sino que son plazas vinculadas a la jurisdicción civil, laboral o administrativa, sin el menor vínculo con la corrupción, por parte de jueces que ya llevan tiempo ejerciendo estas funciones.

Por ello JpD lamenta que, a pesar de los continuos escándalos, el presidente del gobierno no impulse medidas rigurosas contra la corrupción y, en cambio, lance cortinas de humo de forma oportunista para dar la sensación de que se está haciendo alguna cosa. En este sentido, el colectivo reclama cambios estructurales, como la limitación de la amplia discrecionalidad de la administración pública en la adjudicación de contratos y en materia urbanística, verdadero caldo de cultivo para las prácticas corruptas, así como que se refuercen los órganos independientes de control interno y externo para supervisar la actuación de las administraciones.

Además, concluyen, los órganos judiciales necesitan medios materiales y personales para poder llevar adelante las investigaciones y para que los corruptos tengan la seguridad de que serán perseguidos y condenados.