El BOE del pasado sábado publicó el Real Decreto 918/2014, por el que el Gobierno procede a crear 282 plazas de jueces para que los miembros de la Carrera Judicial en activo que aprobaron la oposición tengan un destino asignado.

En concreto, la norma, aprobada ayer por el Consejo de Ministros, contempla la creación de 112 plazas para magistrados de órganos colegiados, 167 para jueces de adscripción territorial y tres nuevos juzgados de lo penal.

El Ministerio de Justicia espera que estas unidades contribuyan a reforzar la lucha contra la corrupción. De hecho, dos plazas irán destinadas el próximo año a la sala de la Audiencia Nacional encargada de juzgar casos de corrupción.

Según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la nueva norma "va a contribuir a agilizar el funcionamiento y la respuesta de la Justicia", quien señaló también que con esta ampliación el número total de jueces alcanzará los 5.361. Además ha indicado que habrá incorporaciones en la Fiscalía, pues Justicia llevará además "en fechas próximas" al Consejo de Ministros una medida similar para ampliar la plantilla orgánica de la Fiscalía, "de tal manera que se intensifiquen los mecanismos de control que garanticen una pronta respuesta ante esta lacra de la corrupción".

Igualmentese informó que se están ultimando los detalles del anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que agilizará los procesos penales.

La asignación de las plazas se ha realizado en sintonía con las necesidades judiciales señaladas por el Consejo General del Poder Judicial y los Tribunales Superiores de Justicia y con la coordinación de las comunidades autónomas. Estas nuevas plazas serán efectivas desde el 1 de enero de 2015.

En concreto, 167 plazas de adscripción territorial contribuirán a reducir la interinidad para que sean cubiertas por profesionales. Las restantes 112 se dividen de la siguiente manera: 108 pertenecen a distintas Audiencias Provinciales, dos a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y otras dos a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Además, se crean y constituyen tres nuevos juzgados de lo Penal, en Huesca, Palma de Mallorca y Tortosa, que contribuirán a ofrecer así mecanismos de "respuesta ágil a las reclamaciones que a diario se resuelven en los Tribunales de Justicia y que más preocupación generan en la opinión pública", según ha informado Justicia.

Gracias a la posibilidad ofrecida por la reforma operada en la LOPJ en el año 2012, las nuevas plazas en las Audiencias Provinciales (108) se podrán distribuir en secciones de cinco o más magistrados, lo que contribuirá a la celebración de más juicios, a reducir los tiempos de espera y facilitar la unificación de criterios. La creación de estas plazas fomentará, además, la promoción profesional y la movilidad dentro de la carrera judicial.

La creación de 167 plazas de juez de adscripción territorial (JAT) ofrece gran flexibilidad a la hora de cubrir ausencias y vacantes en los órganos judiciales de manera profesionalizada. Además, permitirá la colaboración con aquellos tribunales que, en un momento dado, puedan encontrarse sobrecargados o necesitados de una especial medida de refuerzo.

No conllevar incremento proesupuestario

El Gobierno explica en la norma que con el fin de reducir el déficit público, en 2011, 2012 y 2013 no se procedió a crear nuevas unidades judiciales, aunque al mismo tiempo siguieron incorporándose miembros a la carrera judicial tras superar las correspondientes pruebas de acceso.

Esta situación, reconoce el Ejecutivo, ha originado un desequilibrio entre los miembros de la carrer a judicial en activo y el número de unidades judiciales creadas y de plazas de juez de adscripción territorial que se les puede ofertar, "existiendo un déficit de ambas para poder asignar una plaza a todos los miembros de la carrera judicial en servicio activo".

El Gobierno señala que esto ha generado un "elevado número de jueces en expectativa de destino", cuya situación es preciso regularizar mediante la creación de plazas.

De ahí que se haya decidido aprobar este Real Decreto que, según el Ejecutivo, "no conlleva incremento presupuestario", pues lo que se pretende es destinar definitivamente a los miembros de la carrera judicial que no disponen de plaza y que actualmente desarrollan funcionen que le son propias a través de diferentes figuras, como las comisiones de servicio, los refuerzos y las sustituciones.

Varias asociaciones judiciales consideran la medida "falaz, oportunista y una cortina de humo"

Las asociaciones de jueces y magistrados Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia han acusado al Gobierno de lanzar un argumento "oportunista", "falaz" y una "cortina de humo" cuando anuncia como una medida contra la corrupción la incorporación de 282 jueces. De ellos, solo dos nuevos irán a parar a la Audiencia Nacional, una cifra que resulta "irrisoria" para actuar contra este fenómeno que salpica a muy diversos partidos y administraciones.

El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, ha destacado que el real decreto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros "no tiene nada que ver con la lucha contra la corrupción", sino que se trata de evitar el desequilibrio entre el número de jueces en activo y sus plazas. "No son nuevos juzgados", ha agregado.

"No tiene nada que ver con ningún plan contra la corrupción, las plazas son bienvenidas y agilizarán la carga de trabajo pero no tienen nada que ver. Las dos únicas serían las de la Audiencia Nacional", ha señalado Sexmero, en referencia a las dos plazas de la Sala de lo Penal, encargada de juzgar los casos de este órgano pero no de instruirlos.

En el mismo sentido, tal como informamos el pasado viernes, se ha pronunciado el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, al destacar que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "no está diciendo la verdad" cuando vincula las casi 300 plazas con la lucha contra la corrupción.

Ambas asociaciones han hecho un llamamiento a reformar los órganos de control interno y externo para supervisar la actuación de las Administraciones o los partidos. Han reclamado más medios contra la corrupción y han apostado por limitar la amplia discrecionalidad de la Administración en la adjudicación de contratos y en materia urbanística, "verdadero caldo de cultivo" para las prácticas corruptas. (EUROPA PRESS)