La Fiscalía Superior de Cataluña, a instancias de la Fiscalía General del Estado, ha abierto diligencias de investigación por si la cesión de locales públicos, como locales de Ayuntamientos o colegios, por parte de la Generalitat de Cataluña para la celebración de la consulta del 9N puede ser constitutiva de delito.
Los fiscales investigan si la cesión de locales municipales, centros educativos u otras instalaciones públicas para instalar urnas puede constituir un ilícito penal después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido la votación de mañana.
el artículo 410 del Código Penal tipifica el delito de desobediencia a una resolución judicial y destaca que se necesita una negativa "abierta" por parte de la autoridad o funcionario público a dar el debido cumplimiento de la decisión judicial; en este caso, se requiere un incumplimiento flagrante y directo, según fuentes jurídicas.
La Abogacía del Estado también analiza que la Generalitat ni ninguna administración pública incumpla la directriz del tribunal de garantías. "Si la Generalitat no promueve actuaciones en el desarrollo de una consulta no autorizada, no parece que sea necesario requerir al Tribunal Constitucional ni a los jueces y tribunales porque no hay infracción del ordenamiento jurídico", afirmó el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para asegurar que nadie impedirá el ejercicio de la libertad de expresión.
La Fiscalía continúa recabando datos
En un comunicado emitido a última hora del domingo pasado, la Fiscalía General del Estado ha informado de que "continúa recabando datos" para valorar las "responsabilidades penales" derivadas del llamado proceso participativo celebrado en Cataluña y para, si se diera el caso, "ejercer las oportunas acciones legales".
La Fiscalía asegura que la información recabada se incluye en el ámbito de las diligencias de investigación incoadas con fecha de 8 de noviembre y tras las diferentes denuncias presentadas contra la votación que se celebra en Cataluña.
El Juzgado de Guardia de Barcelona ha rechazado este domingo tomar las medidas cautelares contra el proceso participativo del 9N que este mismo domingo había pedido UPyD, porque "no guardan proporcionalidad y no aparecen este momento razones de urgencia o relativas al orden público que aconsejen su adopción".
UPyD denunciaba al presidente de la Generalitat y a los consellers de Enseñanza y de Interior, y pedía cerrar los edificios públicos donde se vota este domingo, incautar todo el material utilizado y detener a los responsables de presuntos delitos vinculados al proceso de participación, en referencia a los voluntarios que se negasen a ser identificados si se les pidiera. (EUROPA PRESS)
