En el mismo auto en el que la Audiencia Provincial de Baleares mantenía la imputación de la infanta Cristina por dos delitos contra la Hacienda Pública, la Audiencia ha elevado finalmente a diez los delitos por los que Iñaki Urdangarin deberá sentarse en el banquillo de los acusados. Además de los de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y dos fiscales que ya pesaban sobre él, el tribunal le atribuye uno de  blanqueo de capitales. Por todos ellos, Urdangarin podrá enfrentarse a una petición de más de 20 años de prisión.

Del mismo modo, la Audiencia Provincial decreta que continúe el proceso penal contra el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, por prevaricación, malversación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad y un delito fiscal, los mismos delitos que pesan sobre su mujer, Ana María Tejeiro, así como sobre los hermanos de ésta, Marco Antonio y Miguel Tejeiro. La Audiencia también imputa un delito de blanqueo al matrimonio Torres-Tejeiro.

También mantiene la imputación del expresidente del Govern Jaume Matas, por delitos de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias. Los mismos que ya imputó el juez José Castro al exdirector general de Deportes José Luis 'Pepote' Ballester, el exgerente de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal, el del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía y el exasesor jurídico del Ibatur Miquel Àngel Bonet.

En cuanto a los exaltos cargos de la Generalitat Valenciana, mantiene la imputación del exsecretario de Turismo Luis Lobón por prevaricación, malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias y falsedad, los mismos que a los exdirectores generales de la Ciudad de las Artes y las Ciencias José Manuel Aguilar y Jorge Vela, y la exdirectora de Gestión de esta entidad Elisa Maldonado.

Finalmente, también continuará encausada la exconsejera delegada de la Fundación Madrid 16, dependiente del Ayuntamiento de la capital madrileña, Mercedes Coghen, por prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias.

A todos ellos se suma la nueva imputación del vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, así como del exdirector financiero de Madrid 16 Gerardo Corral y quien fuera director de Deportes del Ayuntamiento de Madrid bajo la alcaldía de Alberto Ruiz Gallardón, Miguel de la Villa. También la Audiencia al supuesto creador de una estructura para poder desviar fondos al extranjero, Salvador Trinxet.

El tribunal de la Sección Segunda ha estimado de este modo la petición del sindicato Manos Limpias, acusación popular en el caso Nóos, enviando de esta forma a estos imputados al banquillo de los acusados. En el caso de Grau, la Sala recoge los argumentos de la entidad en cuanto a su actuación "delictiva" en las negociaciones de los Valencia Summit.

El juez Castro destaca que la Audiencia ha puesto fin "a una controversia que duraba demasiado tiempo"

Por su parte, el juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha destacado, a su llegada este lunes a los Juzgados de Vía Alemania de Palma, que la decisión de la Audiencia Provincial de Baleares de mantener imputada a la Infanta Cristina por dos delitos fiscales "ha puesto fin a una controversia que ya llevaba durando demasiado tiempo".

Preguntado por los numerosos medios de comunicación que aguardaban su presencia en las dependencias judiciales, el magistrado ha subrayado que el auto dictado el pasado viernes por el tribunal de la Sección Segunda está "muy bien argumentado", además de "motivado", independientemente de que "se compartan o no sus criterios". Y ello, ha manifestado, es fruto de un análisis "muy minucioso y profundo de la causa".

En este contexto, Castro ha recalcado que en próximas semanas dictará el conocido como auto de apertura de juicio oral, en el que determine de forma definitiva si la Infanta se sentará en el banquillo de los acusados, si bien no ha adelantado la decisión que adoptará al respecto. Antes de eso, las acusaciones deberán presentar sus escritos de calificación, en los que detallen a las personas que acusan y las penas que solicitan para ellas.

El juez deberá resolver así si aplica sobre la Duquesa la doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular -en este caso Manos Limpias- y no la Fiscalía o el perjudicado por el delito cometido. Hasta el momento, ni Ministerio Público ni la Agencia Tributaria han apuntado a la existencia de indicios criminales sobre la hermana del Rey Felipe VI.

Pese a no mencionar de forma expresa el nombre de esta doctrina, la Audiencia sí hace referencia a la sentencia que en 2007 dejó sentada su aplicación. La dictó el Tribunal Supremo que, en su resolución, limitaba la acción de las acusaciones populares al aseverar que "no puede abrirse juicio oral sólo a instancias de la acusación popular, sino que es necesario que lo inste bien el Ministerio Fiscal, bien el acusador particular". (EUROPA PRESS)