La industria de los contenidos en España representa el 4% del PIB, una cifra nada despreciable teniendo en cuenta que sólo en España existen cinco millones de personas que se descargan archivos musicales y de cine, vulnerando sistemáticamente los derechos de sus creadores. A estos datos se suman otros importantes: la SGAE cifra en 750 millones los archivos musicales descargados de la red el año pasado y la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP) en 132 millones los ficheros cinematográficos obtenidos ilegítimamente en Internet.
Este contexto ha servido para que la Asociación Española de Derecho de la Propiedad Intelectual (AEDPI) y la editorial jurídica El Derecho, en colaboración con la FAP, hayan organizado una jornada con el objetivo de acercar los aspectos más importantes por los que está atravesando la industria en el campo de la propiedad intelectual. Un complicado escenario de la distribución y descarga de las diversas creaciones intelectuales a través del medio telemático, y que ha reunido a prestigiosos especialistas para aportar soluciones al problema de la salvaguarda de los derechos de autor contemplados en la vigente legislación.
El segmento musical es, junto con el cinematográfico, el más perjudicado por la piratería. Nos encontramos con una perspectiva “negativa que provoca una situación de emergencia”, en palabras de José Manuel Tourné, Director General de la FAP. Tourné reclama más esfuerzo en el aspecto normativo, pues “es vital dotar de transparencia y agilidad las Comisiones gubernativas destinadas a la protección de contenidos”. La FAP denuncia una paulatina reducción del 20% de los espectadores de cine en salas y la bajada del 35% en video, produciéndose a la vez un crecimiento cero en el consumo lícito de películas a través de Internet.
El Director General de la FAP realizó un análisis del desarrollo de la sociedad de la información partiendo de las conclusiones de la cumbre mundial sobre la Sociedad de la Información de Ginebra (2003) para concluir que mientras que el desarrollo de las conexiones y la velocidad de las mismas han ido aumentando y cada día son más los usuarios de Internet, la protección de la propiedad intelectual, considerada muy importante para alentar la innovación y la creatividad en la SI, ha ido cada vez a peor en nuestro país, todo ello reflejado en las cifras mencionadas.
Tourné considera “insuficientes” los mecanismos normativos propuestos en la LSSI, el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Civil para la garantía de los derechos de los creadores. Para ello, exige una mayor responsabilidad a los prestadores de servicios para igualarnos al resto del ámbito europeo, pues según él, “España tiene el régimen más proteccionista en materia de responsabilidad de los prestadores de servicios”.
España es uno de los países con el índice de piratería más alto de Europa que supone 800 millones de euros de pérdidas por infracción de derechos de propiedad intelectual en la industria audiovisual, datos que requieren “definir claramente las reglas del juego y una colaboración conjunta entre las instituciones gubernamentales, las entidades de gestión, la industria y las fundaciones pro-derechos de propiedad intelectual”. Así lo ha manifestado el representante de la SGAE Manuel de Benito Ariza. Además, señala que no existe una seguridad jurídica plena en la aplicación de estas garantías dentro del entorno digital, poniendo de manifiesto la no existencia de una legislación ágil y eficaz para la protección de dichos derechos en el citado entorno.
En estos mismos términos se expresó la socia de Garrigues Carolina Pina Sánchez, que incidió en la necesidad urgente de contar con un sistema ágil de detección y retirada de contenidos ilícitos, algo que actualmente requiere la existencia de una orden judicial que, al no estar sujeta a la inmediatez, provoca más tiempo en la reproducción de los archivos, y por lo tanto, unos daños irreparables.
Desde el Grupo Antipiratería de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía, José Rodríguez Fuentes desveló los argumentos de investigación de los delitos de propiedad intelectual e industrial a través de Internet, resaltando especialmente las páginas web formadas por enlaces ejecutables que activan procesos automáticos de obtención del archivo garantizando al usuario una descarga de calidad, y el interés económico de los administradores que crean tráfico a sus páginas a través de estos actos delictivos.
Completó la mesa de debate el magistrado del Tribunal Superior de Justicia José Manuel Suárez Robledano, que ahondó en la “absoluta insuficiencia de los instrumentos legales para este tipo de acciones, pues no existen medios adecuados desde el punto de vista penal y civil para su adecuada represión, y para la adopción de medidas preventivas de protección de la propiedad intelectual”. A la tertulia también asistió un representante del Ministerio de Cultura, que escuchó con atención las intervenciones de los participantes.
Las conclusiones de la tertulia rondaron en torno a la necesidad de actualizar el sistema legislativo y judicial para adaptarlo al nuevo escenario de la sociedad de la información, recuperar y restablecer el valor de la creación intelectual y buscar los mecanismos de colaboración entre todas las partes implicadas en busca de la sostenibilidad de una industria cuyo proceso va en declive.
