Con este objetivo, el Ministerio de Vivienda habilitará un número de teléfono gratuito de atención ciudadana con personal especializado para atender en primera instancia a los afectados por estas prácticas con toda la información necesaria sobre cuáles son sus derechos y cómo hacerlos valer ante los acosadores. Desde este teléfono, según ha explicado Chacón, "se centralizarán todas las demandas de los ciudadanos para trasladarlas después a cada Ayuntamiento, de manera que reciban la atención especializada necesaria".
Este protocolo establece, en una primera etapa, que en un plazo de 60 días se pondrá en marcha una experiencia piloto en 10 ayuntamientos. Así, la FEMP y el Ministerio de Vivienda llevarán a cabo una campaña informativa en estos municipios para dar a conocer el teléfono gratuito y la atención que podrán recibir las víctimas de acoso inmobiliario. Posteriormente, se realizarán las evaluaciones necesarias y se extenderá el servicio en el conjunto del territorio nacional.
Para la titular de Vivienda, el mobbing o acoso inmobiliario se trata de algo "deleznable que no podemos tolerar y que no debe tener cabida en nuestras ciudades". Un asunto que "tiene una importante dimensión social ya que en la mayoría de los casos afecta a personas con indefensión y a personas mayores con pocos recursos, que se ven acosadas por algunos promotores inmobiliarios con pocos escrúpulos, para forzarlos a que abandonen la vivienda que alquilan", ha dicho.
Difusión de la Renta Básica de Emancipación
Por otro lado, la titular de Vivienda y el presidente de la FEMP han suscrito un convenio de colaboración para la realización de actividades de fomento y divulgación del Plan de Apoyo a la Emancipación e Impulso del Alquiler de manera que la Renta Básica de Emancipación tenga la mayor difusión posible entre los jóvenes. Para ello, el Ministerio editará un folleto con toda la información relativa a estas ayudas, que la FEMP distribuirá a los ayuntamientos. Se distribuirán en torno a un millón de folletos que estarán a disposición de todos los jóvenes interesados en recibir esta ayuda.
Aunque son las Comunidades y Ciudades Autónomas las encargadas de la tramitación de las solicitudes y del reconocimiento del derecho a percibir la Renta Básica de Emancipación, el objetivo del acuerdo es lograr una mayor eficacia en su puesta en marcha y reforzar las actuaciones informativas a través de los ayuntamientos.
