La Comisión Europea ha adoptado recientemente una nueva normativa sobre emisiones industriales para reforzar las disposiciones ya en vigor y reducir las emisiones industriales en toda la Unión Europea. La finalidad de la nueva directiva es abordar las deficiencias de la normativa actual sobre emisiones industriales.

Hay siete directivas que tratan actividades similares que se solapan; sólo dentro del ámbito de aplicación de la Directiva relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (Directiva IPPC) entran aproximadamente 52.000 instalaciones. La idea principal de la directiva es aumentar el uso de las «mejores técnicas disponibles» (MTD), obligando a los operadores industriales a utilizar las técnicas con una mejor relación coste/eficacia para lograr un alto nivel de protección medioambiental.

A causa de la debilidad de la normativa actual, no se ha alcanzado el nivel de aplicación de las MTD impuesto por la Directiva IPPC para toda la UE. El cumplimiento y observancia de la normativa actual en los distintos Estados miembros también ha sido desigual y el complejo marco jurídico genera gastos innecesarios para la industria. Es necesario abordar estos aspectos con el fin de crear unas condiciones equitativas para la industria, ofreciendo simultáneamente niveles superiores de protección del medio ambiente y la salud humana.

El objetivo de la Directiva IPPC es evitar y controlar las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo de las instalaciones industriales de toda la Unión Europea. Las cifras más recientes sobre la expedición de permisos al amparo de la directiva muestran que, para mediados de 2006, sólo alrededor de un 50 % de las 52.000 instalaciones afectadas había recibido un permiso. Esta lamentable situación pone de manifiesto que los Estados miembros no han hecho los esfuerzos suficientes para ajustarse a la fecha límite de la directiva (el 30 de octubre de 2007).

La nueva directiva sobre emisiones industriales

Antes de proponer la nueva directiva, la Comisión llevó a cabo una investigación a fondo que abarcó estudios sobre competitividad y opciones para simplificar la normativa, informes sobre sectores industriales concretos e intensos debates con las partes interesadas.

El resultado es una directiva más clara y coherente en la que se refunden la Directiva IPPC actual y seis directivas sectoriales en una única y nueva directiva sobre emisiones industriales, que refuerza la aplicación de las MTD en la Unión, en especial mediante la restricción de la divergencia de las MTD a casos concretos y un mayor énfasis en la justificación de las condiciones establecidas en los permisos.

La directiva establece límites mínimos de emisiones más estrictos para determinados sectores industriales en toda la UE, concretamente para las grandes instalaciones de combustión, en las cuales los progresos en la reducción de la contaminación son insuficientes. Asimismo, introduce normas mínimas para las inspecciones medioambientales de las instalaciones industriales y facilita la revisión de los permisos.

Por otra parte, la propuesta amplía también el ámbito de la normativa para abarcar otras actividades contaminantes, tales como las instalaciones de combustión medianas, garantizando así que todos los Estados miembros de la Unión Europea reciben el mismo nivel elevado de protección medioambiental.

Se espera que la directiva produzca importantes beneficios para el medio ambiente y la salud humana. Sólo las reducciones de las emisiones logradas en las grandes instalaciones de combustión generarán probablemente beneficios netos que oscilan entre los 7.000 y los 28.000 millones de euros anuales y deberían reducir las muertes prematuras y los años de vida perdidos entre 13.000 y 125.000 respectivamente. Asimismo, se esperan también importantes beneficios medioambientales y de salud en otros sectores.

La directiva propuesta reducirá los gastos administrativos de las autoridades y los operadores entre 105 y 255 millones de euros anuales, contribuyendo así a la futura sostenibilidad de la industria de la Unión Europea.

Habida cuenta de que no está previsto que la propuesta entre en vigor hasta pasados varios años, la Comisión presentará también recomendaciones y colaborará con los Estados miembros para mejorar la aplicación de la normativa actual.