El plan de fomento del alquiler preveía la creación de 10 nuevos juzgados de Primera Instancia en las ciudades que tuvieran más colapso por casos de impago de las mensualidades del alquiler. El proyecto de decreto enviado por el Gobierno al Poder Judicial para su informe situaba esos nuevos órganos en Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Valencia y Madrid (donde se creaban seis juzgados). La memoria del proyecto del Gobierno justificaba la medida porque la duración de estos procesos de desahucio "es muy desigual en el conjunto de España".

El Consejo General del Poder Judicial en un pleno de ayer, informó favorablemente la creación de los nuevos órganos judiciales, aunque se opuso a que estuvieran especializados en procesos relacionados con el alquiler. "Ni la complejidad técnica ni la organizativa de los procedimientos arrendaticios justifican en este momento la especialización de juzgados en esta materia", asegura el informe en sus conclusiones finales.

Pero es que, además, el órgano de gobierno de los jueces recuerda al Ejecutivo que sólo el Consejo puede acordar la especialización de un juzgado en una materia: "Es el Consejo General del Poder Judicial el que únicamente tiene la competencia para, si lo estima oportuno, atribuir el conocimiento con carácter exclusivo de determinadas clases de asuntos a estos juzgados", según el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, continúa el documento.

La dificultad de desahuciar a los inquilinos que no pagan la renta es uno de los principales obstáculos del mercado del alquiler en España. El plan del Gobierno prevé además la creación de juicios rápidos para la reclamación de estas deudas y la reducción de dos meses a 15 días del plazo para que el inquilino pague. Todo con el fin de impedir el abuso de los morosos.