El Ministerio de Vivienda pondrá en marcha la experiencia piloto contra el acoso inmobiliario con los ayuntamientos de L`Hospitalet de Llobregat, Fuenlabrada, Gijón, Denia, La Coruña, Vitoria, Getafe, Córdoba, Elche y Las Palmas, que han sido los primeros en sumarse a la iniciativa. Los convenios, que serán suscritos el próximo día 15 de febrero, se enmarcan en el compromiso adquirido entre la ministra de Vivienda, Carme Chacón, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, para llevar a cabo actuaciones y programas conjuntos contra el acoso inmobiliario el pasado mes de diciembre.
Teléfono de atención gratuita
En los convenios, se contempla que el Ministerio de Vivienda y los ayuntamientos participen en acciones conjuntas para proteger a los arrendatarios acosados frente a las prácticas abusivas. El Ministerio de Vivienda habilitará desde el lunes 11 de febrero un teléfono gratuito 900 900 707 de atención ciudadana, que contará con personal especializado para atender en primera instancia a los afectados por estas prácticas con toda la información necesaria sobre cuáles son sus derechos y cómo hacerlos valer ante los acosadores.
Compromiso de los Ayuntamientos
Por su parte, los ayuntamientos adscritos al programa tomarán en cuenta las denuncias efectuadas por los ciudadanos víctimas de acoso inmobiliario, facilitadas por el Ministerio de Vivienda y recabarán la intervención de los servicios sociales municipales cuando el caso lo requiera y se encuentre dentro del ámbito de su actuación.
Asimismo, los ayuntamientos dirigirán a los ciudadanos hacia los servicios de orientación y asistencia jurídica gratuita que se puedan prestar por la propia Administración municipal, por otras Administraciones Públicas o por Colegios profesionales, en función de la tipología del asunto, procurando, en todo caso, el acceso a dichos servicios.
En opinión de la ministra de Vivienda, estos convenios son un primer paso para luchar contra el acoso inmobiliario, "una práctica deleznable que no podemos tolerar y que no debe tener cabida en nuestras ciudades". El tema, ha señalado, "tiene una importante dimensión social, ya que en la mayoría de los casos afecta a personas con indefensión y a personas mayores con pocos recursos, que se ven acosadas por algunos promotores inmobiliarios con pocos escrúpulos, para forzarlos a que abandonen la vivienda que alquilan.
Otros ayuntamientos han mostrado su interés en sumarse al programa y han señalado que harán efectiva su participación en los próximos meses.
