La Sala del 61 del Tribunal Supremo ha concedido 15 días a las herriko tabernas personadas en el proceso de liquidación de Batasuna, en ejecución de la sentencia de ilegalización de marzo de 2003, para que presenten las alegaciones que consideren oportunas sobre su titularidad y la vinculación del establecimiento con la formación ilegalizada, informó hoy el alto tribunal.

El plazo, concedido a los efectos previstos en el artículo 593.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se ha ampliado de los 5 días habituales a 15 "a la vista de la complejidad y del volumen de la documentación e información que será puesta a su disposición por la Sala". Con las alegaciones que presenten las herriko tabernas, el Supremo podrá decidir si las herrikos deben ser embargadas como bienes pertenecientes a Batasuna. Además, el alto tribunal ha dado un plazo de 10 días a los propietarios de las demás herrikos para que se personen, con abogado y procurador, en el procedimiento. En este plazo también deben subsanarse los errores que se hayan detectado.

La Sala Especial también ha acordado pedir a la presidenta del Parlamento vasco, Izaskun Bilbao, que remita al Supremo la documentación relativa a las subvenciones en su día otorgadas al Grupo Parlamentario Araba, Bizkaia, Gipuzkoa Sozialista Abertzaleak (SA). El Supremo ordenó el embargo de dichas subvenciones en junio de 2003.

En cuanto a distintas peticiones del Foro de Ermua en el procedimeinto, la Sala ha optado por rechazarlas, porque al no estar personada no tiene legitimidad para solicitar la adopción de ninguna medida. No obstante, el Supremo ha trasladado al fiscal su escrito por si considera necesario inciar alguna investigación a partir de lo solicitado.

La anterior reunión de esta Sala especial, compuesta por el presidente del alto tribunal, Francisco José Hernando, y los magistrados Fernando Ledesma, Juan Antonio Xiol, Juan Saavedra, Angel Calderón, Aurelio Desdentado Bonete, Román García Varela, Joaquín Delgado, Ricardo Enríquez, José Luis Calvo Cabello, Juan Ramón Berdugo, Javier Juliani, Antonio Salas, Manuel Martín Timón y Jesús Souto, se produjo a principios del pasado mes de diciembre.

Los magistrados iniciaron entonces el estudio de los informes presentados por las partes y la documentación remitida por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien investiga la financiación de ETA a través de las herriko tabernas, sin adoptar, finalmente, ninguna decisión al respecto.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió diligencias de investigación destinadas a estudiar el contenido de 60 cajas que contienen el material y documentación incautadas por orden del Supremo y que le fueron remitidos al Ministerio Público para que determine si existen indicios delictivos.

El material se incautó tras la orden dada por el Supremo el 23 de octubre del año pasado de entrar en más de una treintena de herriko tabernas del País Vasco y Navarra para proceder a inventariar todos los locales y bienes de las organizaciones ilegalizadas Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna.

Una vez analizado el contenido de las cajas, la Fiscalía decidirá si procede el archivo de las diligencias en caso de no encontrar indicios delictivos o si remite el caso a uno de los Juzgados Centrales de Instrucción, para ampliar la investigación con nuevos registros y diligencias.

Tras los registros realizados en octubre, los liquidadores que participaron en el inventario del contenido de los locales presentaron un informe en el que llegaban a la conclusión de que las herrikos y ciertas asociaciones culturales "pertenecerían en realidad, material y efectivamente a la propia Batasuna".

No obstante, el pasado mes de diciembre la Sala del 61 consideró que en ese momento procesal no podía afirmarse, "con efectos de prueba plena que el tribunal considere estrictamente acreditadas, con carácter apodíctico e incontrovertible, los hechos, datos y conclusiones que figuran en el informe de los liquidadores".

La Fiscalía respondió al requerimiento del Supremo afirmando que aunque entre las herriko tabernas y Batasuna "existe una afinidad ideológica e, incluso, una identidad de pensamiento con todos y cada uno de los objetivos que han prestado su apoyo a ETA", no puede "inferirse la conclusión de que uno y otro son la misma cosa, al menos por el momento".