La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, analizó en el Foro Cinco Días el momento actual del mercado inmobiliario y detalló la estrategia del Gobierno para hacer frente a la situación del sector de la vivienda que ha calificado como de “profunda crisis, sin paliativos”.
La ministra explicó que “el principal escollo para la construcción de viviendas protegidas es, y en ello coinciden administraciones públicas y empresarios, la escasez de suelo urbanizado a precios asequibles”. Por eso, ha anunciado Corredor, “nuestra intención es poner solares a disposición de la promoción de vivienda protegida”.
En cuanto al suelo público, una Comisión Interministerial se encargará de los terrenos de la Administración General del Estado y se está trabajando con las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias para movilizar los solares municipales y autonómicos aptos para el mismo fin. “Pero con el suelo público, no basta” sentenció la ministra.
Beatriz Corredor avanzó los pormenores de la línea de actuación que el Ejecutivo va a poner en marcha “para agilizar al máximo la puesta a disposición de solares para la construcción de vivienda protegida de forma coordinada con las CCAA y los Ayuntamientos. Una oferta que se traducirá en breve plazo, -dijo Corredor- en más VPO y más actividad económica, que son sin duda dos de las prioridades del Gobierno de España”. Ese es el objetivo de la medida, recalcó en el coloquio posterior: “facilitar suelo para vivienda pública, como ya hacen otras CCAA, como Murcia y Canarias, y no ayudar a empresas en dificultades financieras. No estamos interviniendo, eso es lo que algunos nos reprochan”.
Beatriz Corredor explicó que esta iniciativa, en la que los Ministerios de Economía y Vivienda vienen trabajando desde mayo, se desarrollará en los próximos cuatro años y comenzará en octubre con una primera oferta pública de compra de suelo. Esta actuación será desarrollada a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), dependiente del Ministerio de Vivienda, que se encargará de la compra y urbanización del suelo adquirido, con una oferta inicial de 300 millones de euros.
Los criterios de selección se van a consensuar con cada una de las CCAA y la FEMP a lo largo de septiembre “para que los suelos que se adquieran contribuyan de una manera eficiente a la planificación realizada en cada territorio. Se atenderán de manera prioritaria las ofertas cuyos solares sean susceptibles de transformación inmediata. También se primarán los terrenos situados en poblaciones con más demanda”.
El periodo de presentación de ofertas comenzará en octubre, con una vigencia de tres meses. SEPES se reservará una opción de compra por seis meses para realizar el preceptivo estudio de viabilidad económica y evaluar la oferta. Además, en la comisión que se encargará de evaluar cada propuesta, tendrán un papel protagonista las CCAA y los respectivos Ayuntamientos. El precio de compra vendrá determinado por la oferta que realicen los vendedores del suelo en cada actuación, en relación a los módulos de vivienda protegida.
Confianza en el Gobierno
Beatriz Corredor hizo un diagnóstico general de la situación del sector y ha pedido confianza en el Gobierno porque “la superación de nuestra difícil coyuntura se basa en la confianza mutua. Las empresas deben tener la seguridad de que el Gobierno está poniendo todos los medios a su alcance para que el sector inmobiliario español crezca de forma equilibrada consiguiendo un mercado estructuralmente fuerte”.
Pero la finalidad del Ejecutivo, recordó la ministra, “no es tratar de impedir un ajuste que se ha manifestado necesario e imprescindible. Eso no quiere decir que el Gobierno no tenga en cuenta los intereses de todos los sectores afectados o que no intente paliar las consecuencias que el mercado les está infringiendo, sobre todo a los trabajadores. Pero es necesario que la lógica empresarial de este sector converja con la necesidad social de acceder a una vivienda digna”, ha aclarado Beatriz Corredor, para quien “los promotores y constructores, mediante su iniciativa inversora, son el instrumento necesario para conseguir la reactivación y reconversión del sector”.
Papel fundamental del sector financiero
La titular de Vivienda se dirigió asimismo al sector financiero porque “resulta crucial la intervención de las entidades financieras, que deben asumir también su responsabilidad que les corresponde en una situación como la actual y ofrecer la liquidez necesaria a las empresas para que éstas puedan afrontar los nuevos retos”. Además les animó a seguir colaborando con el Gobierno para devolver a los ciudadanos la confianza. “En la salida de la situación actual serán determinantes la fortaleza y confianza del sistema financiero español, la profesionalidad y diversificación de las empresas que operan en el mercado inmobiliario y la política de presupuestaria de estabilidad a lo largo del ciclo puesta en práctica por el Gobierno en la pasada legislatura”.
Crisis profunda
Beatriz Corredor reconoció que España “se encuentra hoy ante una crisis compleja que se focaliza de forma especial en el sector de la construcción”. En concreto, se refirió a la empresa que la semana pasada presentó concurso voluntario de acreedores. “No es una buena noticia”, dijo la ministra para recordar a continuación que “el Gobierno y yo personalmente, siempre hemos mantenido que el crecimiento del sector inmobiliario era excesivo e insostenible. España no podía seguir soportando la rampante escalada de precios de los inmuebles, ni el frenético ritmo de edificación de los últimos años”.
Una vez hecho el diagnóstico “nuestra obligación ahora es encontrar las oportunidades que presenta esta situación para realizar inaplazables reformas en el sector residencial”, dijo Beatriz Corredor situando el objetivo final “en un desarrollo más sostenible de la construcción con políticas estructurales que cambien nuestro modelo productivo, excesivamente dependiente del sector de la construcción”.
