El presidente del Gobierno compareció, a petición propia, en el Congreso de los Diputados para informar de las medidas adoptadas por el Ejecutivo ante la situación económica y fortalecer la "confianza" de los ciudadanos sobre las posibilidades "ciertas y reales" de la sociedad española para salir de esta "preocupante" situación.
Aún reconociendo que desde su comparecencia en el Congreso el pasado 2 de julio, los datos conocidos han confirmado e incluso "agravado" la percepción de este "serio" escenario, quiso resaltar dos circunstancias que sí son positivas: la recuperación de las expectativas de los españoles y de su confianza en el futuro y el descenso "significativo" del precio del petróleo -de 145 dólares el barril en julio a 100 dólares el día de ayer-.
Si el comportamiento del precio del petróleo se mantiene en los niveles actuales, la inflación caería, como ya ha hecho en el mes de agosto, y podría situarse a final de año por debajo del 4%, auguró el Presidente.
El Gobierno, subrayó, afronta esta situación de frenazo de la economía con "consciencia y responsabilidad", de ahí las medidas que ha venido adoptando desde el primer Consejo de Ministros de esta legislatura.
Declaró que el objetivo principal del Ejecutivo es el empleo, no sólo para mantener la actual población ocupada, sino para absorber a quienes se incorporan a la población activa. Este, dijo, será el "mejor termómetro" de la evolución de la situación y de la eficacia de las medidas puestas en marcha.
Unas medidas cuyos efectos, advirtió el Presidente, no son instantáneos y de las que dijo que el "grueso" de las que dependen sólo del Gobierno ya está aprobado o en desarrollo. Por esta razón, advirtió que el Ejecutivo estará atento a la evolución de las circunstancias, pero no habrá "nueva batería de anuncios o propuestas", porque "no tiene sentido improvisar o aprobar todos los días nuevas iniciativas".
Sector de la construcción
Lo que sí anunció el Presidente es que, de forma inminente, el Gobierno adoptará medidas adicionales en dos ámbitos de máxima prioridad: la creación de empleo y el sector inmobiliario.
Respecto al sector inmobiliario, el Presidente explicó que la iniciativa del Gobierno se ha centrado en apoyar su reorientación hacia la construcción de viviendas de protección oficial, la rehabilitación y el mercado de alquiler.
En esta línea, anunció dos nuevas iniciativas para este sector. En primer lugar, se autorizarán sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario. Se trata de sociedades cotizadas que gozarán de un "régimen fiscal favorable", impulsarán el mercado de alquiler, facilitarán el acceso a la inversión en inmuebles al pequeño y mediano ahorrador, proporcionarán flexibilidad a las inversiones inmobiliarias de las empresas, aportarán liquidez a las inversiones y, por lo tanto, contribuirán a dinamizar el mercado inmobiliario.
En segundo lugar, se pondrá en marcha una nueva línea de mediación del ICO, dotada inicialmente con 3.000 millones de euros, que facilitará a los promotores inmobiliarios la transformación de sus préstamos para la construcción de viviendas en un préstamo a más largo plazo, en caso de que se comprometan a incorporar las viviendas al mercado de alquiler durante un periodo determinado de tiempo.
Empleo
El Presidente señaló que las medidas en favor del empleo se están gestando en le marco del diálogo social, renovado el pasado mes de julio con una nueva Declaración firmada entre el Gobierno y los agentes sociales, cuya prioridad es la creación de empleo.
Dijo que "vamos a dar una batalla por el empleo, y la vamos a dar concertadamente quienes podemos librarla con eficacia, los agentes sociales -trabajadores y empresarios- y el Gobierno".
Recordó que durante la pasada Legislatura se crearon casi tres millones de empleos, situándose la tasa del desempleo en el nivel más bajo de los últimos treinta años.
No obstante, el brusco "frenazo económico" de los últimos meses ha aumentado el paro en medio millón de trabajadores, principalmente provenientes del sector de la construcción, señaló Rodríguez Zapatero.
Para hacer frente a esta caída del empleo y cualificarlo mejor, propondrá, en el ámbito del diálogo social, la ampliación del actual Plan de Empleo, que eleve hasta 1.106 millones de euros su presupuesto y logre la capacitación y adecuación profesional de 100.000 desempleados, mediante su contratación para realizar trabajos de utilidad social.
A través del diálogo social se acometerá además, explicó, la modernización de los servicios públicos de empleo, a fin de potenciar las políticas para el reciclaje profesional y la recolocación de los desempleados.
También se dará un impulso a la formación Profesional para facilitar la adquisición de conocimientos y habilidades para la inserción laboral.
Protección social y austeridad
Además de promover la competitividad de la economía española y potenciar la creación de empleo, el Presidente citó el refuerzo de las políticas sociales y de atención a la familia, y la adopción de medidas de austeridad, como los otros dos "vectores" de los cuatro que impulsan la acción del Gobierno para superar la situación en que se encuentra la economía española.
El Presidente dijo que van a mantenerse y consolidarse las medidas de apoyo a los ciudadanos que se encuentran en situación más vulnerable. Entre ellas citó la subida de las pensiones mínimas en 2009 de un 6%.
Anunció que habrá una dotación adicional de 1.500 millones de euros para cubrir las prestaciones por desempleo y asegurar así el actual nivel de cobertura.
También señaló que se van a destinar cerca de 1.200 millones de euros a la Dependencia en 2009 y que la cuantía de las becas aumentará ese mismo año un 6% de media y se elevará en un 27% el nivel de renta máximo para percibirlas.
En cuanto a los planes de austeridad de la Administración General del Estado, el Presidente explicó que en los presupuestos del próximo año el gasto no financiera, excluido el desempleo, no superará el 3,5%, por lo que estará debajo del 5% aprobado por el Congreso en junio.
Recordó la congelación de los salarios de los altos cargos dependientes de la Administración General del Estado y sus organismos dependientes y la reducción, en un 70%, de la Oferta de Empleo Publico para 2009.
Finalmente, señaló que el crecimiento de gastos corrientes para el funcionamiento de la Administración se reducirán en, alrededor, del 2% respecto a 2008.