El consejero de Presidencia de Murcia, Fernando de la Cierva, ha anunciado en rueda de prensa que los servicios jurídicos de esta comunidad preparan un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha si éste no se rectifica en su trámite parlamentario.

De la Cierva advirtió que se llevará adelante este recurso "salvo la hipótesis de que en el trámite parlamentario de las Cortes Generales se produzca la oportuna rectificación, racionalización del texto y, sobre todo, enmarcarlo de forma clara dentro del marco constitucional, con absoluto respeto a los principios constitucionales y los de solidaridad".

De la Cierva citó en concreto la vulneración de los artículos 14, 45, 138.2, 139.1 y 149.1.22 de la Constitución española en los apartados referentes a la política del agua.

Según De la Cierva, en el texto del Estatuto "se dice claramente que el agua es propiedad de Castilla-La Mancha, lo que es una gran ofensa a la Constitución, porque el agua es de todos los españoles". Así, señaló que el artículo 102 del Estatuto indica que la Junta de Comunidades interviene en el proceso de planificación hidrológica de las demarcaciones hidrográficas del Tajo, Júcar, Guadiana, Segura, Guadalquivir, Ebro y Duero.

Indicó además que la disposición transitoria primera de la reforma del Estatuto fija el año 2015 como final del trasvase Tajo-Segura, atribuyéndose una competencia que es exclusiva del Estado, ya que, según dijo, "trata al Estado como un subordinado o delegado de la Junta de Comunidades, y se permite ordenarle y mandarle".