La posibilidad de que los fiscales instruyan las causas penales, reducir el número de recursos para agilizar la fase de instrucción y reforzar la figura de la víctima son algunas de las claves de la reforma de los procedimientos penales que ha propuesto el pasado viernes el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, en el Foro Cope Aragón.
El Foro contó con la asistencia del presidente de las Cortes de Aragón, José Ángel Biel; el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente; el delegado del Gobierno, Gustavo Alcalde; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido; el fiscal superior de Aragón, José María Rivera; así como otros representantes de la judicatura, del Ministerio Público y de formaciones políticas.
El presidente de la Audiencia Nacional ha apoyado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya primera redacción data de 1882, para adaptar los procesos penales a la realidad del siglo XXI, lo que dará "una mayor calidad a nuestro Estado de Derecho", que no puede ser moderno sin actualizar estos procedimientos.
Tras recordar que la justicia es uno de los valores constitucionales, ha afirmado que los partidos no deben hacer de este poder del Estado un "terreno de litigio, de participación partidaria", sino que debe servir para que este valor llegue a los ciudadanos "de la mejor manera posible".
Navarro ha dejado claro que la administración de justicia "depende de los medios materiales y humanos que el poder legislativo ponga en nuestras manos", por lo que ha pedido que cada año "se establezca una cantidad mínima" tanto en los Presupuestos Generales del Estado como en las Comunidades autónomas "sin discusión".
Ha recordado que ya se ha reformado la Ley de Enjuiciamiento Civil, se está acometiendo la reforma de la normativa contencioso-administrativa y de los procedimientos judicales del ámbito laboral, lamentando que "no se ha conseguido un acuerdo sobre la reforma integral" de los procedimientos penales.
"Ha de simplificarse" la estructura competencial, ya que "para resolver cualquier problema", como la aprobación de un refuerzo en un juzgado, intervienen el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y la comunidad autónoma. Así, ha recomendado confeccionar protocolos de funcionamiento para resolver casos como este.
Las normas penales deben ser "mucho más sensatas" y someterse más a la Constitución. El presidente de la AN ha considerado necesario cambiar la oficina judicial y digitalizar todos los procedimientos, estableciendo el expediente judicial electrónico.
Imputados
En su opinión se ha producido una "neutralización de la víctima" en el proceso penal. Navarro ha animado a cumplir las normas de la UE e impulsar la justicia restaurativa, para resarcir a las víctimas mediante la mediación.
Asimismo, ha observado que al imputado se le debe dotar de un status que no sea peyorativo, ya que en algunos casos los jueces citan en calidad de tales a personas que de este modo gozan de algunos derechos, y ha recordado algunas propuestas para cambiar la denominación, como encausado, investigado o testigo asistido.
También ha apostado por reformar la normativa sobre el secreto de las actuaciones, que el Tribunal Constitucional ha ido limitando, y ha recomendado resolver "el problema de las injerencias" en los derechos fundamentales del encausado, apuntando que España carece de legislación sobre algunos procedimientos policiales, como la intervención de comunicaciones por SMS y las redes sociales.
Navarro ha considerado que para agilizar las causas no solo hace falta aumentar el número de jueces y fiscales, sino tomar otras medidas como evitar que las partes puedan entorpecer la instrucción presentando recursos por todo tipo de cuestiones, proponiendo al respecto que se difieran hasta el final de esta fase o que solo se puedan interponer por motivos determinados.
Ha agregado que "la excesiva duración de los procesos se debe a la desmedida importancia del valor probatorio en la instrucción", señalando que hay procesos que han durado hasta 12 años, frente a lo cual ha recomendado que instruya las causas el fiscal y el juez instructor se limite a garantizar los derechos al imputado y acordar las medidas cautelares que proponga el Ministerio público.
Asimismo, ha planteado que se debería reducir el número de juicios de faltas, ya que el 70 por ciento de las sentencias son absolutorias, o bien calificándolas como delitos más graves, despenalizándolas o sancionándolas por la vía administrativa.
En otro orden de cosas, José Ramón Navarro ha expresado que la Audiencia Nacional debe cumplir una "gran labor" en la lucha contra el crimen organizado.
También ha dicho que se debe "modernizar" la lucha contra la criminalidad en Internet, recordando que una Directiva de la UE ha establecido la necesidad de castigar la captación y formación de terroristas por la Red. (EUROPA PRESS)
